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Mes: abril 2019

Directrices Voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria

Estas directrices fueron aprobadas por el Consejo de Seguridad Alimentaria de FAO. Su finalidad es servir como referencia y proporcionar orientación para mejorar la gobernanza de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques con el objetivo primordial de lograr la seguridad alimentaria para todos y apoyar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional.

Campesinas/os que luchan por la justicia

En esta publicación que reúne casos de todo el mundo, podrán ver cómo las comunidades campesinas constantemente son discriminadas en el acceso a la justicia y en el respeto de sus derechos. Ello provoca mayor violencia en los conflictos territoriales en que se enfrentan dos modos de vida, la vida campesina indígena frente al agronegocio o las actividades extractivistas.

Normativa internacional sobre cuestiones ambientales

En este apartado encontrarán la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que Trabajan en las Zonas Rurales aprobada el pasado 17 de diciembre de 2018 por la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) y la Observación 23/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre obligaciones estatales en relación con el medio ambiente.

Compendios de jurisprudencia argentina sobre cuestiones ambientales

En este bloque encontraran dos compendios, uno de fallos de la CSJN de Argentina, y otro, de Dictámenes del Procurador General ante la CSJN de Argentina, todos referidos a causas que tramitaron cuestiones ambientales.

Respecto de la colección de dictámenes del Ministerio Público Fiscal, debemos destacar que el criterio de análisis son los estándares de derechos humanos en materia ambiental utilizados en cada caso.

Es una buena guía para estudiar los distintos problemas ambientales que han llegado a discutirse en las instancias de la Corte, ya sea por vía directa, o mediante el recurso extraordinario federal.

Uso de armas de fuego y autonomía policial

La Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convalidó el controvertido Reglamento General para el Empleo de Armas de Fuego por parte de las Fuerzas Federales de Seguridad, aprobado por la Resolución 956/2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación.


Esa decisión revirtió la inconstitucionalidad que un juez de ese fuero había declarado respecto del Reglamento, en línea con lo solicitado por organizaciones de derechos humanos.

El Reglamento contraría principios fundamentales que rigen la materia, tanto a nivel nacional como internacional.

La ley penal argentina (artículo 34 del CP) y los instrumentos de Naciones Unidas sobre el tema (Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley) afianzan el paradigma del uso excepcional de la fuerza letal del Estado.

El nuevo Reglamento carece de prescripciones que limiten el uso de armas de fuego a situaciones en las que estrictamente peligre una vida y en las que efectivamente no haya disponibles otros recursos menos lesivos.

Estos déficits de proporcionalidad ponen en contradicción a esta nueva reglamentación con los estándares de derechos humanos en los que se pasa el paradigma del uso excepcional de la fuerza letal del Estado.

Con relación al uso policial de armas de fuego, tiene sentido comparar dos modelos contrapuestos en este sentido:

La policía noruega, cuyas/os agentes no portan armas y han cumplido más de 10 años sin matar a una persona.

La policía estadounidense, que mata aproximadamente tres personas por día y más de 1000 al año.

La emancipación del análisis político criminal como saber independiente

El análisis político criminal puja por erigirse como una disciplina autónoma y específica. Las mayores resistencias para su emancipación provienen de la dogmática penal, la criminología y el derecho procesal penal. Estas disciplinas se abocaron históricamente a la elaboración de nociones político-criminales y relegaron a esta materia a una posición subsidiaria y fragmentaria.

Ello no sólo bloqueó el nacimiento de este saber autónomo y específico, sino que los conceptos y nociones de política criminal que han aportado esas disciplinas son de muy baja calidad, en tanto fueron elaborados por disciplinas con finalidades epistémicas distintas y con por aparatos conceptuales inadecuados.

La tendencia actual es que el análisis político criminal abandone esas posiciones dogmatizadas y avance hacia una disciplina con perspectivas provenientes de la teoría de las políticas públicas.

Los siguientes artículos describen y analizan con claridad esta deriva:

Creación de la Dirección General de Análisis Criminal y Planificación Estratégica de la Persecución Penal

En febrero de 2014, se creó en el ámbito del Ministerio Público Fiscal argentino la Dirección de Análisis Criminal y Planificación Estratégica de la Persecución Penal –DAC.

Pueden consultar la resolución de creación aquí.

Poco más de un año después esta estructura fue cristalizada en la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (27148), junto a otros “órganos encargados de realizar las tareas auxiliares y de apoyo indispensables para el desarrollo de las funciones del Ministerio Público Fiscal”.

Esta agencia está conformada desde un inicio por un equipo interdisciplinario. Su objetivo primordial es desarrollar un mapa institucional del delito que oriente a la Fiscalía en la identificación de sus políticas de persecución penal más eficaces y sensibles a las expectativas ciudadanas en materia de justicia.

Para ello, la DAC produce y analiza información que le permite interpretar realidades criminales, para luego planificar estrategias de persecución con fiscales y otras agencias vinculadas a la política criminal. Además de innegables ventajas en términos de eficacia en las investigaciones criminales, el funcionamiento de estructuras del tipo de la DAC favorece la autonomía de las Fiscalías. En efecto, la disposición de información y herramientas propias permite a los Ministerios Públicos Fiscales romper la dependencia que en este sentido suelen mantener con las fuerzas policiales y otras agencias que producen información criminal.

La persecución penal y la inteligencia ilegal

La Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) propone refundar el sistema de inteligencia argentino.

A través del documento ¿Hay salida para la crisis del sistema de inteligencia?, el conjunto de organizaciones de la sociedad civil que conforma la Iniciativa impulsa la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la creación de “un organismo de producción de inteligencia nacional estratégica en la órbita de la Presidencia que esté integrado por personal abocado de manera exclusiva al análisis de las problemáticas relevantes en materia de defensa nacional y seguridad interior de la Nación”. La propuesta específicamente contempla la prohibición de que los integrantes de este nuevo órgano se inmiscuyan en tareas policiales, de asistencia judicial y de investigación criminal.  

La proliferación de la inteligencia ilegal en Argentina ha degenerado en espionaje político y social, tráfico de escuchas, operaciones mediáticas y judiciales, y en una variada gama de negocios basados en la extorsión. Este mismo fenómeno, a su vez, ha descompuesto definitivamente la investigación criminal. Los dispositivos de inteligencia pujan con éxito por desplazar a las fuerzas de seguridad en la función de auxiliares de la administración de justicia. La penetración de agentes de inteligencia en la investigación criminal –ámbito cuya intervención está, salvo escasas excepciones, prohibida por la ley—, constituye una fuente de promiscuidad institucional de la que deriva el funcionamiento ilegal de los servicios de inteligencia argentinos. Además, la indebida intervención de la AFI como policía de investigación explica buena parte de la ineficacia del sistema judicial en el abordaje de manifestaciones de criminalidad organizada.

Las organizaciones también llaman la atención sobre algunas debilidades de la norma, entre las que mencionan algunas vinculadas con la fuerte participación del Poder Ejecutivo en la designación y remoción del Fiscal General.