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Mes: mayo 2019

Créditos para el consumo: análisis del fenómeno socioeconómico y su impacto en los sectores populares

En este artículo de 2013 se encuentra una investigación empírica realizada por un sociólogo, el coordinador de la Fiscalía Federal de Fraudes Bancarios y crimen económico y el Procurador General en función en la procuraduría contra el crimen económico y lavado de activos (PROCELAC).

Es una investigación realizada en Buenos Aires, Argentina que promueve mecanismos y herramientas que contribuyan al mejoramiento del control y reducción de la criminalidad relacionada con la actividad bancaria y la defensa de los consumidores de dicha actividad.

Las características y capacidades de reconversión y transformación en función de la lógica especulativa que atraviesa el conjunto de sus prácticas que se realizan en el mercado financiero.

En este trabajo no hubo pretensión de imputación penal; por el contrario, procuró prestar atención sobre una dinámica particular del mercado financiero. Con ello se generó un insumo de calidad que puede ser útil para posibles reformas en Ministerios Públicos de países en vías de desarrollo.

¿Tenemos política criminal en materia de violencia de género?

Por Mariela Labozzetta, Fiscal titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Argentina), para la Revista Sistemas Judiciales N° 22, “Género, diversidad sexual y justicia”, publicada por el CEJA e INECIP.

El artículo ofrece una propuesta de diseño institucional y modelo de gestión para el desarrollo de una política criminal sobre violencia de género en el ámbito de los sistemas de administración de justicia y, en particular, de los ministerios públicos

La corrupción: hacia un remedio institucional

Por Angel Bruno, Pedro Biscay, Martina Cirimele, Alejandra Freire, José Massoni y Luis Villanueva.

Los autores analizan el impacto del fenómeno en la vida democrática y en particular cómo conspira con el accionar del Estado, al desviar fondos públicos para beneficio de particulares. Además, presentan un 19 puntos indispensables para construir una institucionalidad contra la corrupción eficaz, basada en criterios de control social popular sobre el manejo de los recursos públicos y su distribución, para la Argentina.

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