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Derechos Fundamentales y Proceso Civil en el Brasil: algunas técnicas procesales compensatorias de desigualdades sociales y la protección judicial de los derechos fundamentales


En el trabajo, elaborado por Eliana Pires Rocha y Jefferson Carús Guede, se describen las garantías procesales constitucionales brasileñas y otras técnicas procesales civiles que sirven para la protección de los derechos fundamentales, como la igualdad de las partes en el proceso.

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“El prejuicio no conoce fronteras” informe del Observatorio Sin Violencia LGBTI

“El prejuicio no conoce fronteras”: presentado por el observatorio Sin Violencia LGBTI, recoge datos estadísticos de asesinatos cometidos en nueve países: Colombia, México, Honduras, Perú, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Paraguay y Bolivia. El país donde se cometieron más asesinatos durante cinco años de personas LGBTI fue Colombia con 542 homicidios; seguido de México 402 casos y Honduras con 164.

Este relevamiento arroja como resultado que, al menos unos 1.300 asesinatos de personas LGBTI se han cometido en los últimos cinco años en América Latina, haciendo un promedio de cuatro homicidios diarios. La mayoría de las victimas corresponde a hombres gay y mujeres trans y se logró determinar que el 30 por ciento de los crímenes fueron causados por prejuicio. Según el estudio los asesinatos fueron motivados por la orientación sexual e identidad de género de las victimas. El uso de las armas de fuego predomina en los crímenes, sin embargo, en los asesinatos de hombres gay y bisexuales son cometidos con objetos cortantes y ahorcamiento. Mientras tanto, las mujeres trans, bisexuales y lesbianas son asesinadas con arma de fuego en su mayoría. Otro dato interesante que arroja el informe es que los lugares más peligrosos para las personas LGBTI son la calle y la casa. Los datos recabados indican que el 80 por ciento de los cuerpos de las victimas fueron encontrados es espacios públicos abiertos y en sus domicilios particulares. Se destaca que las mujeres trans y lesbianas fueron atacadas en espacios abiertos, mientras que los ataques a hombres gay fueron cometidos en sus casas.

“Informe Violencia extrema contra personas LGBTTT en México: Saldos del sexenio 2013-2018”

Según los resultados presentados durante el sexenio 2013-2018 se cometieron 473 contra personas LGBT+. Y los años 2017 y 2018 fueron los más violentos contra la comunidad LGBT+, pues se contabilizaron 187 asesinatos. Se trata de datos  aproximados, ya que se basan en los casos visibilizados por medios de comunicación y notas de prensa, por lo que, el número de crímenes podría ser el doble tomando en cuenta aquellos que no fueron notificados. Respecto de las víctimas, las mujeres trans fueron las principales víctimas de agresiones a lo largo del sexenio, sumando el 55% de los casos. El segundo grupo más afectado fueron los homosexuales (40%) y las lesbianas (1.9%). Respecto a los asesinatos de lesbianas, se aclaró que la mayoría de los casos son reportados como feminicidios. Es decir, que los registros consideran más importante el género que la orientación sexual, por lo que el número de víctimas lesbianas sería mucho mayor. Por distribución geográfica, los estados mexicanos que presentan más crímenes contra LGBT+ son Veracruz, Guerrero, Quintana Roo, Estado de México, Chihuahua, Puebla y Tamaulipas. Entre todos, suman casi el 50% de los crímenes reportados en el país.

Evento: ¿Puede América Latina perseguir eficazmente crímenes atroces y gran corrupción?

El evento propone visibilizar, a través de algunos casos de país, los obstáculos internos y externos que enfrentan las fiscalías latinoamericanas en el inmenso desafío de investigar y perseguir crímenes atroces y gran corrupción, en los que a pesar de ello, han obtenido logros importantes. También buscar presentar las condiciones en las que fiscales y fiscalías deben realizar su labor, en los que hay altísimas tasas de impunidad y un escaso número de condenas. Desde ese punto de partida, responderemos a la pregunta del papel que puede tener el Derecho Internacional para superar estos obstáculos, a través de estándares internacionales que refuercen la autonomía de los fiscales y las fiscalías.

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DOSSIER: Buenas prácticas sobre acceso a la justicia en los Ministerios Públicos de Latinoamérica

Por Laura Iseas

Distintas leyes le otorgan a los Ministerios Públicos Fiscales roles que tradicionalmente son dejados de lado. Por ejemplo cuando se trata de acceso a la justicia, medioambiente, derecho del consumo, la protección de los derechos fundamentales en los procesos constitucionales, la tutela de los derechos laborales, entre otros.

A su vez, estos Ministerios tienen un rol activo otorgado por la ley para iniciar acciones en protección de los grupos desventajados.

El escaso desarrollo en estos temas deviene de la histórica preponderancia del fuero penal en los modelos organizacionales de los Ministerios Públicos.

Para subsanar esta situación se requiere establecer áreas específicas con vastos recursos, pero también pueden implementarse otras medidas en paralelo, como es establecer un plan de capacitaciones permanentes en áreas no penales, fortalecer y perfeccionar las vías de comunicación entre las y los referentes de las distintas áreas, mejorar la registración y publicidad de los dictámenes emitidos en estas materias, hacer uso de las nuevas tecnologías, etc.

A continuación presentamos una selección de buenas prácticas llevadas adelante por distintos Ministerios Públicos de Iberoamérica.

MÉXICO: Protocolo de actuación para el personal de las instancias de procuración de justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género

El documento busca “poner en práctica acciones afirmativas con base en la orientación sexual, identidad de género, la expresión de género y/o las características sexuales, sustentadas en el respeto y garantía de los derechos humanos, con una perspectiva de género y no discriminación”. El alcance de dicho documento es para todas las procuradurías y fiscalías generales del país y deberá ser utilizado en cualquier caso en el que un integrante de la población LGBTTTI o que se asuma como tal esté involucrado en un procedimiento penal. Así, el protocolo establece que los principios orientadores que regirán las actuaciones por parte del personal en estas situaciones son: respeto a la dignidad, igualdad y no discriminación, enfoque diferencial y especializado, protección de datos personales, libre desarrollo de la personalidad, no victimización secundaria, protección integral a los derechos y no criminalización. El protocolo retoma algunas sugerencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para identificar elementos que pudieran indicar que el delito cometido estuvo motivado por algún prejuicio como la brutalidad del crimen y signos de ensañamiento, insultos o comentarios denigrantes referentes a la orientación sexual y/o identidad o expresión de género de la víctima, el estatus de activista de la víctima, la naturaleza del lugar donde se llevó a cabo el crimen o la determinación de si la persona estaba o no con un grupo de personas LGBTTTI cuando los hechos ocurrieron.

Juicio a los jueces: se confirmó la prisión perpetua de cuatro magistrados por crímenes de lesa humanidad

Compartimos con alegría la noticia de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, confirmó las condenas a prisión perpetua impuestas a los ex magistrados Luis Miret, Guillermo Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo y Otilio Romano, condenados en julio de 2017 por el Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad.

Uruguay: Condena a ex Ministro de Economía y ex Presidente del Banco República

En diciembre de 2017, Fernando Lorenzo (ex Ministro de Economía de uruguay) fue absuelto en un caso de corrupción, mientras que Fernando Calloia (ex Presidente del Banco República) fue condenado. Recientemente, en mayo de 2019, el tribunal de segunda instancia resolvió revocar la absolución de Lorenzo, por lo que ambos resultaron condenados por el delito de abuso innominado de funciones (art. 162 del Código Penal de Uruguay). Este documento es la sentencia de segunda instancia.