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Género y Diversidad sexual

“El prejuicio no conoce fronteras” informe del Observatorio Sin Violencia LGBTI

“El prejuicio no conoce fronteras”: presentado por el observatorio Sin Violencia LGBTI, recoge datos estadísticos de asesinatos cometidos en nueve países: Colombia, México, Honduras, Perú, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Paraguay y Bolivia. El país donde se cometieron más asesinatos durante cinco años de personas LGBTI fue Colombia con 542 homicidios; seguido de México 402 casos y Honduras con 164.

Este relevamiento arroja como resultado que, al menos unos 1.300 asesinatos de personas LGBTI se han cometido en los últimos cinco años en América Latina, haciendo un promedio de cuatro homicidios diarios. La mayoría de las victimas corresponde a hombres gay y mujeres trans y se logró determinar que el 30 por ciento de los crímenes fueron causados por prejuicio. Según el estudio los asesinatos fueron motivados por la orientación sexual e identidad de género de las victimas. El uso de las armas de fuego predomina en los crímenes, sin embargo, en los asesinatos de hombres gay y bisexuales son cometidos con objetos cortantes y ahorcamiento. Mientras tanto, las mujeres trans, bisexuales y lesbianas son asesinadas con arma de fuego en su mayoría. Otro dato interesante que arroja el informe es que los lugares más peligrosos para las personas LGBTI son la calle y la casa. Los datos recabados indican que el 80 por ciento de los cuerpos de las victimas fueron encontrados es espacios públicos abiertos y en sus domicilios particulares. Se destaca que las mujeres trans y lesbianas fueron atacadas en espacios abiertos, mientras que los ataques a hombres gay fueron cometidos en sus casas.

“Informe Violencia extrema contra personas LGBTTT en México: Saldos del sexenio 2013-2018”

Según los resultados presentados durante el sexenio 2013-2018 se cometieron 473 contra personas LGBT+. Y los años 2017 y 2018 fueron los más violentos contra la comunidad LGBT+, pues se contabilizaron 187 asesinatos. Se trata de datos  aproximados, ya que se basan en los casos visibilizados por medios de comunicación y notas de prensa, por lo que, el número de crímenes podría ser el doble tomando en cuenta aquellos que no fueron notificados. Respecto de las víctimas, las mujeres trans fueron las principales víctimas de agresiones a lo largo del sexenio, sumando el 55% de los casos. El segundo grupo más afectado fueron los homosexuales (40%) y las lesbianas (1.9%). Respecto a los asesinatos de lesbianas, se aclaró que la mayoría de los casos son reportados como feminicidios. Es decir, que los registros consideran más importante el género que la orientación sexual, por lo que el número de víctimas lesbianas sería mucho mayor. Por distribución geográfica, los estados mexicanos que presentan más crímenes contra LGBT+ son Veracruz, Guerrero, Quintana Roo, Estado de México, Chihuahua, Puebla y Tamaulipas. Entre todos, suman casi el 50% de los crímenes reportados en el país.

MÉXICO: Protocolo de actuación para el personal de las instancias de procuración de justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género

El documento busca “poner en práctica acciones afirmativas con base en la orientación sexual, identidad de género, la expresión de género y/o las características sexuales, sustentadas en el respeto y garantía de los derechos humanos, con una perspectiva de género y no discriminación”. El alcance de dicho documento es para todas las procuradurías y fiscalías generales del país y deberá ser utilizado en cualquier caso en el que un integrante de la población LGBTTTI o que se asuma como tal esté involucrado en un procedimiento penal. Así, el protocolo establece que los principios orientadores que regirán las actuaciones por parte del personal en estas situaciones son: respeto a la dignidad, igualdad y no discriminación, enfoque diferencial y especializado, protección de datos personales, libre desarrollo de la personalidad, no victimización secundaria, protección integral a los derechos y no criminalización. El protocolo retoma algunas sugerencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para identificar elementos que pudieran indicar que el delito cometido estuvo motivado por algún prejuicio como la brutalidad del crimen y signos de ensañamiento, insultos o comentarios denigrantes referentes a la orientación sexual y/o identidad o expresión de género de la víctima, el estatus de activista de la víctima, la naturaleza del lugar donde se llevó a cabo el crimen o la determinación de si la persona estaba o no con un grupo de personas LGBTTTI cuando los hechos ocurrieron.

El homicidio del prefecto Octavio Romero y la necesidad de una política de persecución criminal especializada frente a delitos de odio

En el año 2010 la Argentina se convertía en uno de los pocos países del mundo en reconocer legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, con el mismo nombre y efectos que un vínculo heterosexual. Un año más tarde, Octavio Romero y su pareja Gabriel Gerbasch decidieron casarse. Octavio hacía 13 años que trabajaba en la Prefectura Naval Argentina y el protocolo de esa fuerza imponía la obligación de informar con quien se casaba cada integrante. De esa manera, se hizo público que se convertiría en el primer matrimonio igualitario de las Fuerzas Armadas del país. 
Sin embargo, luego de ese anuncio, Octavio desapareció y su cuerpo sin vida fue encontrado 6 días después sobre la Costanera Norte (casualmente jurisdicción de la Prefectura) desnudo, golpeado y con alcohol en sangre. La autopsia comprobó que habría sido arrojado al agua sin vida. 
La investigación de su desaparición y posterior asesinato estuvo signada por denuncias de irregularidades por parte de organismos de Derechos Humanos y la diversidad sexual, como entre otros, la propia Comunidad Homosexual Argentina (CHA). 
En efecto, las primeras hipótesis estuvieron direccionadas a responsabilizar a Gabriel, quien por esa razón no pudo asumir el rol de querellante desconociendo su carácter de víctima y persona damnificada por la muerte de su pareja. En ese escenario, la fiscalía escapaba a analizar cualquier otro elemento que vinculara al crimen con un delito de odio motivado por la orientación sexual de la víctima y centraba la instrucción en un supuesto crimen de pareja, pasional, y ajeno a hechos objetivos de violencia dentro de la propia Prefectura que habría sufrido Octavio luego del anuncio de su matrimonio.
Recién en julio de 2012 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal revocó la decisión y resolvió admitir a Gabriel como querellante, descartando de pleno la hipótesis inicial. Sin embargo esas dilaciones provocadas por prejuicios y estereotipos, obstaculizaron el avance de otros cauces de investigación. 
En la actualidad no hay ninguna persona imputada ni tampoco sospechada por el crimen.  Tampoco se investigó con precisión ni la hora, ni el lugar ni la forma en que Octavio desapareció. De igual forma, tampoco hay información sobre posibles móviles, pues la hipótesis del crimen de odio no forma parte de la instrucción. El caso se encuentra literalmente impune producto de desidia, prejuicios, estereotipos y ausencia total de una política de persecución penal estratégica. 
Una prueba cabal de ello es que, según publica el suplemento SOY del diario argentino Página 12,  en el año 2015 apareció material anónimo con el detalle pormenorizado de lo que podría haber ocurrido: Octavio habría sido objeto de un crimen de odio, concomitante con ciertos hostigamientos, amenazas de muerte, pintadas en los baños, burlas y un creciente malestar interno en la Prefectura tras su anuncio matrimonial, que incluyó un pedido expreso de no casarse con el uniforme puesto (algo que el protocolo, los usos y costumbres impone a cada miembro de las Fuerzas Armadas). 
Esos datos fueron remitidos a la Fiscalía pero, según el informe publicado, no fueron considerados. Allí se mencionaba un disco rígido con el mapa de la operación. El registro a las oficinas demoró lo suficiente como para que ese disco no aparezca. 
Ante la inacción del Poder Judicial, Gabriel Gerbasch, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij) se presentaron como parte peticionaria ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que recientemente admitió el caso y comenzará a evaluar si la Argentina es responsable por la violación de derechos humanos consignados en tratados internacionales, tales como integridad personal, garantías judiciales, igualdad ante la ley y protección judicial entre otros. 
Este hecho constituye un primer paso histórico, pues, la Comisión podría haber desestimado el caso, o podría haberlo considerado no tramitable. Es que un proceso ante la Comisión Interamericana es considerado de naturaleza subsidiaria, es decir que sólo es posible presentar una demanda allí una vez agotados todos los recursos en el país contra el cual se articula la denuncia. En este caso puntual, el informe aclara que no es posible considerar ya usadas todas las herramientas internas porque hay una alevosa demora en la investigación: desde 2011, los deberes que tiene el Estado argentino de investigar de manera diligente no están siendo cumplidos. Por ende, no hay sentencia final a partir de la cual la CIDH pueda contar seis meses -plazo estipulado- e investigar ella. 
De esa forma, la CIDH concluye que: “En vista de los elementos de hecho y de derecho presentados por las partes y la naturaleza del asunto puesto bajo su conocimiento, la Comisión considera que, de ser probados los hechos alegados en relación con retardo injustificado y falta de debida diligencia en la investigación, los mismos podrían caracterizar posibles violaciones de los artículos 4 (vida), 5 (integridad personal), 8 (garantías judiciales) 13 (libertad de pensamiento y expresión) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con su artículo 1.1 (obligación de respetar los derechos) en perjuicio de Octavio Romero. Asimismo, los hechos descritos y la alegada actitud discriminatoria de las autoridades en relación con Gabriel Gersbach al no aceptarlo como querellante durante el primer año de la investigación, podrían caracterizar posible violación de los artículos 8 (garantías judiciales), 24 (igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana respecto de Gabriel Gersbach.”
Este caso, como la reciente sentencia condenatoria contra Mariana Gómez por resistirse a la autoridad policial frente al hostigamiento institucional por besarse con su novia en una estación de subtes de la ciudad de Buenos Aires en el 2017, pone al descubierto la necesidad de impulsar medidas que fortalezcan la intervención del Ministerio Público Fiscal a través de líneas de política criminal e institucional que permitan orientar su actuación en sintonía con los mandatos convencionales asumidos en la comunidad internacional y el compromiso con la ciudadanía.
La actual agenda de los movimientos emancipadores de las sexualidades disidentes se dirige a la necesidad de garantizar el acceso a la justicia, y para responder a esa demanda es necesario definir una política criminal eficiente por parte del Ministerio Público Fiscal que debe ser acompañada de una estrategia de capacitación y formación de sus integrantes con el propósito de evitar estigmatizaciones, investigaciones prejuiciosas y cómplices de la violencia ejercida contra el colectivo de las disidencias sexuales.

El Tribunal Supremo Federal de Brasil falló a favor de criminalizar la homofobia como un delito similar al racismo.

El 13 de junio de 2019, el Tribunal Supremo Federal (TSF) de Brasil adoptó una histórica resolución al igualar la homofobia y la transfobia con los delitos de racismo, contemplados en las leyes brasileñas desde 1989.
Esto significa que hasta que el Congreso Nacional corrija una ley propia sobre el asunto, quienes cometan actos de violencia contra la comunidad LGBTI están sujetos a penas entre uno y cinco años de prisión como prevé la ley ya existente para la discriminación por etnia, color, raza, religión o nacionalidad.

Informe sobre la Homofobia de Estado 2019

La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) lanzó la 13ª edición de su principal publicación, el Informe de Homofobia de Estado, con autoría de Lucas Ramón Mendos.

La publicación recopila datos sobre las leyes que afectan a las personas en función de su orientación sexual generando así un recurso fundamental para les investigadores, las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos y el público en general.

Las disidencias sexuales y el acceso a la justicia: El rol del Ministerio Público Fiscal y la necesidad de repensar la formación judicial

La violencia ejercida contra las sexualidades no hegemónicas es un fenómeno criminal complejo que requiere respuestas estatales dinámicas e innovadoras por parte de los Estados y de una política de persecución estatal basada en el entendimiento de las desigualdades estructurales provocadas por la misoginia y el patriarcado. En ese contexto, se revela la necesidad de garantizar el pleno ejercicio del derecho al acceso a la Justicia de esta población a través de un diseño institucional por parte del órgano a cargo de la persecución penal estatal y la formación de sus integrantes.

En este artículo se presenta el modelo de gestión  del Ministerio Público Fiscal de Argentina y la implementación de una estrategia de capacitación territorial en diálogo con la comunidad, que colocó en su agenda institucional la perspectiva de género y de las disidencias sexuales a través de su transformación interna y mediante un nuevo modelo de formación judicial.

¿Tenemos política criminal en materia de violencia de género?

Por Mariela Labozzetta, Fiscal titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Argentina), para la Revista Sistemas Judiciales N° 22, “Género, diversidad sexual y justicia”, publicada por el CEJA e INECIP.

El artículo ofrece una propuesta de diseño institucional y modelo de gestión para el desarrollo de una política criminal sobre violencia de género en el ámbito de los sistemas de administración de justicia y, en particular, de los ministerios públicos