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Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires: declara constitucionalidad de la ley que establece la autonomía de la defensa pública provincial

La Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires, por unanimidad, rechazó la demanda de inconstitucionalidad de la ley 14.442 realizada por la Procuración General de la Provincia.
En 2012, la legislatura bonaerense aprobó una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público Provincial (ley Nº 14.442), que establece la autonomía de la defensa pública provincial. La norma responde a una tendencia regional que buscó sacar a las Defensorías Públicas del ámbito del Ministerio Público Fiscal y dotarlas de autonomía funcional y presupuestaria, tal como lo había exigido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su fallo “Ruano Torres”.

Relanzamiento de la revista Pena y Estado

Hace apenas unos días se publicó el primer número de la Nueva Época de la emblemática revista Pena y Estado (http://penayestado.org/).

Aquella revista erudita y de consulta ineludible en la década del ´90 y comienzos de los 2000 se vuelve a ofrecer como un lugar para el análisis, la reflexión, la crítica, el debate y la actualización de conocimientos sobre la política criminal a nivel regional.

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) relanzan esta revista latinoamericana de análisis político criminal con la perspectiva política de siempre y con las preocupaciones de hoy.

En líneas generales, la propuesta de la revista sigue siendo la reflexión sobre el poder penal desde una mirada progresista y democrática. En particular, esta nueva edición parece ocuparse de las discusiones sobre el andamiaje conceptual necesario para el desarrollo de la política criminal en tanto política pública del Estado. Esta concepción de la política criminal se presenta como contrapunto de aquellas posiciones normativistasque la circunscriben a principios derivados de la dogmática penal y del derecho procesal penal.

Pena y Estado implementa una política de libre acceso a sus contenidos, y tendrá dos ediciones semestrales digitales y un anuario en papel. Está dirigida por Tobías J. Schleider y su secretario de redacción es David Terroba Borodovsky. 

V Encuentro Internacional sobre la sociedad y sus retos frente a la corrupción

En 2011, se realizó en Cuba la última edición del Encuentro Internacional sobre la sociedad y sus retos frente a la corrupción. Su realización estuvo a cargo de la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República, la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, la Unión Nacional de Juristas de Cuba, la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y el Instituto de Desarrollo e Investigaciones del Derecho.

Este documento reúne el programa del encuentro y una versión escrita de algunas de las ponencias que tuvieron lugar. El análisis del programa y de las ponencias permite comprender cuáles son los temas a los que la Fiscalía General asignaba prioridad en el debate, y con qué enfoque. Esto adquiere especial importancia en el contexto de un país donde el acceso a internet presenta restricciones considerables, por lo que este tipo de encuentros con actores provenientes de otros países de la región se vuelven aun más relevantes.

En este sentido, analizar el formato que hasta ahora presentan la mayoría de los congresos organizados por los MPF de la región debe servirnos para replantearnos cuáles son los formatos de intercambio de información más convenientes para las necesidades cotidianas de las fiscalías (en este caso, aplicado puntualmente a la persecución de la corrupción).

Agradecemos a Jorge Luis Barroso González por habernos facilitado el documento.

Descargar documento.

Guatemala: arrestos y elevación a juicio para genocidas en vísperas de una ley de amnistía

En la actualidad, el Congreso de Guatemala continúa con el interés de aprobar una polémica ley (Nro. 5377) para otorgar amnistía por los crímenes cometidos durante el genocidio ocurrido en la década de 1980 a cientos de militares y jefes del ejercito involucrados en dichos crímenes. Específicamente, la propuesta de ley busca perdonar y liberar a militares condenados y prófugos de la justicia, por delitos de lesa humanidad cometidos durante los de 36 años de guerra en Guatemala. Posiblemente a partir del 1 de agosto vuelva a discutirse en el Congreso de dicho país.

En el marco de dicho clima social y, con muchas dificultades, la justicia penal de Guatemala intenta avanzar con juicios y arrestos hacia militares prófugos y acusados de crímenes de lesa humanidad. Compartimos aquí abajo dos noticias de interés sobre el tema.

La Conferencia Internacional del Trabajo del centenario adoptó un nuevo Convenio y una nueva Recomendación para hacer frente a las situaciones de violencia y acoso en el lugar de trabajo

“En el marco de las nuevas normas se reconoce el derecho de todas las personas a un entorno laboral exento de violencia y de acoso.”

El Convenio sobre violencia y acoso, 2019, y la Recomendación sobre violencia y acoso, 2019 , fueron adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo del Centenario.
En el Convenio se reconoce que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo “pueden constituir un incumplimiento o una inobservancia de los derechos humanos… y poner en riesgo la igualdad de oportunidades, y que son inaceptables para lograr un trabajo decente, e incompatibles con este”. La “violencia y el acoso” se definen como comportamientos, acciones o amenazas “que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico”. Por otro lado, se recuerda a los Estados Miembros que tienen la responsabilidad de promover un “entorno general de tolerancia cero”.

El objetivo de la nueva norma internacional del trabajo es proteger a trabajadores y empleados, con independencia de su situación contractual, incluidas las personas que realicen actividades de capacitación, pasantías y formación profesional, los trabajadores cuyo contrato se haya rescindido, las personas que realicen labores de voluntariado o busquen trabajo, y los solicitantes de empleo. En virtud de la norma se reconoce que “individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador” también pueden ser objeto de casos de violencia y acoso.

La norma abarca la violencia y el acoso en el ámbito laboral; los lugares en los que se remunere a un trabajador, realice recesos en el trabajo para descansar o comer, o use instalaciones sanitarias, de lavado o de cambio de indumentaria; viajes, desplazamientos, programas de formación, eventos o actividades sociales de índole profesional; comunicaciones relacionadas con el trabajo (en particular mediante tecnologías de la información y la comunicación), lugares de alojamiento proporcionados por el empleador; y los desplazamientos desde y hasta el lugar de trabajo. La norma reconoce asimismo que en los casos de violencia y acoso pueden participar terceros.

El Convenio entrará en vigor 12 meses después de que dos Estados miembros lo hayan ratificado. La Recomendación, que no es jurídicamente vinculante, proporciona directrices sobre el modo de aplicar el Convenio.

Acceso a la justicia y reformas judiciales en América Latina ¿Alguna esperanza de mayor igualdad? de Jorge Correa Sutil

El jurista chileno responde a los interrogantes acerca de cuáles son las causas del acceso no igualitario a la justicia, y cómo esta podría ser reformada.

En el trabajo se indican medidas que posibilitarían disminuir las brechas de desigualdad que hoy existen en la Región en la protección efectiva de los derechos, particularmente entre ricos y pobres. El autor analiza si las reformas judiciales que actualmente se intentan en América Latina tendrán o no algún impacto en el tema de acceso más igualitario al sistema y reflexiona acerca de los riesgos y oportunidades para mejorar la capacidad de los sectores más pobres o desprotegidos en la defensa efectiva de sus derechos.

El Ministerio Público Fiscal de Argentina dictamina a favor de restituir pensiones por Discapacidad

La ASOCIACIÓN REDI –Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad–presentó una acción de amparo contra el Estado Nacional – Ministerio de Desarrollo Social a fin de que se ordene el cese de la arbitraria e ilegítima conducta consistente en la omisión de depositar los haberes previsionales de las pensiones no contributivas que gozan las personas con discapacidad, entendiendo se vulneran sus derechos a la vida autónoma, la salud, la vivienda, la educación y la dignidad inherente a la persona humana, derechos garantizados en la Constitución Nacional, en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros instrumentos de Derechos Humanos.

Dictamen Fiscalía Federal N° 1 de Primera Instancia de la Seguridad Social 

El representante del Ministerio Público Fiscal expuso en su dictamen que “la afectación de los derechos de una persona con discapacidad, implica ignorar los principios que informan el Derecho de la Seguridad Social. En razón de tal conclusión, se advierte que la acción de amparo resultaría viable, por cuanto la baja del beneficio de pensión por discapacidad en forma unilateral y sin revisión o análisis previo conllevaría una arbitrariedad y/o ilegalidad manifiesta”.

Sentencia Sala II, Cámara Federal de la Seguridad Social 

Los Magistrados de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, ordenaron al Estado nacional la inmediata restitución de las pensiones no contributivas para personas con discapacidad dadas de baja en 2016 y 2017, por considerar que se trata de un derecho “inviolable”.

En los considerandos pertinentes, se resolvió que “le compete a la administración y no a los titulares de las prestaciones la carga procesal de demostrar” si se dan o no las condiciones para que las pensiones continúen.

Es que, al disponer las bajas de pensiones no contributivas por discapacidad en 2016 y 2017, el Ejecutivo había indicado que eran los mismos beneficiarios los que, mediante un nuevo examen médico y la constatación fehaciente de la situación social vulnerable en la que vivían, podían solicitar su restablecimiento.

Puede observarse que la conclusión de los jueces determinaron que: “Esa situación podría traer aparejada la afectación de los derechos constitucionales y convencionales de las personas con capacidades diferentes o inválidas que la sentencia procura garantizar”.

Las disidencias sexuales y el acceso a la justicia: El rol del Ministerio Público Fiscal y la necesidad de repensar la formación judicial

La violencia ejercida contra las sexualidades no hegemónicas es un fenómeno criminal complejo que requiere respuestas estatales dinámicas e innovadoras por parte de los Estados y de una política de persecución estatal basada en el entendimiento de las desigualdades estructurales provocadas por la misoginia y el patriarcado. En ese contexto, se revela la necesidad de garantizar el pleno ejercicio del derecho al acceso a la Justicia de esta población a través de un diseño institucional por parte del órgano a cargo de la persecución penal estatal y la formación de sus integrantes.

En este artículo se presenta el modelo de gestión  del Ministerio Público Fiscal de Argentina y la implementación de una estrategia de capacitación territorial en diálogo con la comunidad, que colocó en su agenda institucional la perspectiva de género y de las disidencias sexuales a través de su transformación interna y mediante un nuevo modelo de formación judicial.

Uruguay: sentencia que convalida la creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad

La Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad de Uruguay fue creada por la ley nº 19.550 de dicho país el 25 de octubre de 2017, y tiene competencia en todo el territorio nacional y exclusiva en causas penales referida a las violaciones de los Derechos Humanos ocurridas durante el periodo definido como terrorismo de Estado por la ley nº 18. 596 (es decir, desde el 13 de junio de 1968 al 28 de febrero de 1985).

En sentencia reciente, la Suprema Corte de Justicia de Uruguay convalida su creación y actuación desestimando el pedido de inconstitucionalidad de la misma. Compartimos adjunto dicho fallo.