FISLEM...

Trabajo y Seguridad Social

La Conferencia Internacional del Trabajo del centenario adoptó un nuevo Convenio y una nueva Recomendación para hacer frente a las situaciones de violencia y acoso en el lugar de trabajo

“En el marco de las nuevas normas se reconoce el derecho de todas las personas a un entorno laboral exento de violencia y de acoso.”

El Convenio sobre violencia y acoso, 2019, y la Recomendación sobre violencia y acoso, 2019 , fueron adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo del Centenario.
En el Convenio se reconoce que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo “pueden constituir un incumplimiento o una inobservancia de los derechos humanos… y poner en riesgo la igualdad de oportunidades, y que son inaceptables para lograr un trabajo decente, e incompatibles con este”. La “violencia y el acoso” se definen como comportamientos, acciones o amenazas “que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico”. Por otro lado, se recuerda a los Estados Miembros que tienen la responsabilidad de promover un “entorno general de tolerancia cero”.

El objetivo de la nueva norma internacional del trabajo es proteger a trabajadores y empleados, con independencia de su situación contractual, incluidas las personas que realicen actividades de capacitación, pasantías y formación profesional, los trabajadores cuyo contrato se haya rescindido, las personas que realicen labores de voluntariado o busquen trabajo, y los solicitantes de empleo. En virtud de la norma se reconoce que “individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador” también pueden ser objeto de casos de violencia y acoso.

La norma abarca la violencia y el acoso en el ámbito laboral; los lugares en los que se remunere a un trabajador, realice recesos en el trabajo para descansar o comer, o use instalaciones sanitarias, de lavado o de cambio de indumentaria; viajes, desplazamientos, programas de formación, eventos o actividades sociales de índole profesional; comunicaciones relacionadas con el trabajo (en particular mediante tecnologías de la información y la comunicación), lugares de alojamiento proporcionados por el empleador; y los desplazamientos desde y hasta el lugar de trabajo. La norma reconoce asimismo que en los casos de violencia y acoso pueden participar terceros.

El Convenio entrará en vigor 12 meses después de que dos Estados miembros lo hayan ratificado. La Recomendación, que no es jurídicamente vinculante, proporciona directrices sobre el modo de aplicar el Convenio.

El Ministerio Público Fiscal de Argentina dictamina a favor de restituir pensiones por Discapacidad

La ASOCIACIÓN REDI –Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad–presentó una acción de amparo contra el Estado Nacional – Ministerio de Desarrollo Social a fin de que se ordene el cese de la arbitraria e ilegítima conducta consistente en la omisión de depositar los haberes previsionales de las pensiones no contributivas que gozan las personas con discapacidad, entendiendo se vulneran sus derechos a la vida autónoma, la salud, la vivienda, la educación y la dignidad inherente a la persona humana, derechos garantizados en la Constitución Nacional, en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros instrumentos de Derechos Humanos.

Dictamen Fiscalía Federal N° 1 de Primera Instancia de la Seguridad Social 

El representante del Ministerio Público Fiscal expuso en su dictamen que “la afectación de los derechos de una persona con discapacidad, implica ignorar los principios que informan el Derecho de la Seguridad Social. En razón de tal conclusión, se advierte que la acción de amparo resultaría viable, por cuanto la baja del beneficio de pensión por discapacidad en forma unilateral y sin revisión o análisis previo conllevaría una arbitrariedad y/o ilegalidad manifiesta”.

Sentencia Sala II, Cámara Federal de la Seguridad Social 

Los Magistrados de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, ordenaron al Estado nacional la inmediata restitución de las pensiones no contributivas para personas con discapacidad dadas de baja en 2016 y 2017, por considerar que se trata de un derecho “inviolable”.

En los considerandos pertinentes, se resolvió que “le compete a la administración y no a los titulares de las prestaciones la carga procesal de demostrar” si se dan o no las condiciones para que las pensiones continúen.

Es que, al disponer las bajas de pensiones no contributivas por discapacidad en 2016 y 2017, el Ejecutivo había indicado que eran los mismos beneficiarios los que, mediante un nuevo examen médico y la constatación fehaciente de la situación social vulnerable en la que vivían, podían solicitar su restablecimiento.

Puede observarse que la conclusión de los jueces determinaron que: “Esa situación podría traer aparejada la afectación de los derechos constitucionales y convencionales de las personas con capacidades diferentes o inválidas que la sentencia procura garantizar”.

Dictamen sobre la validez de los requisitos que deben acreditar extranjeros para acceder a una pensión por invalidez

CSS 15373/2014/11RHl “S L A c/Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales s/ Amparos y Sumarísimos”

El Dr. Victor Abramovich -Procurador ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación- se expidió en la causa “S L A c/ Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales s/ Amparos y Sumarísimos “, respecto de la constitucionalidad del artículo 1, inciso e, del decreto 432/97 del Poder Ejecutivo Nacional, reglamentario de la ley 13.478 que determina que para acceder a la pensión por invalidez los extranjeros deberán acreditar una residencia continuada en el país de 20 años

Respecto de ello, entendió que la controversia encuentra adecuada y suficiente respuesta en el precedente “Reyes Aguilera” (Fallos: 330:3853) en el que la Corte Suprema, declaró la inconstitucionalidad del requisito de 20 años de residencia para acceder a la pensión por invalidez por resultar irrazonable y desproporcionado.

En esa línea, resaltó que, en cuanto a la naturaleza de la prestación reclamada, el sistema de pensiones no contributivas para las personas con discapacidad instrumenta de manera directa derechos fundamentales de base constitucional, por lo que su regulación y administración debe observar las reglas del debido proceso adjetivo y sustantivo.

En efecto, la pensión por invalidez consiste en una transferencia de dinero que es conferida a las personas con discapacidad imposibilitadas de generar ingresos laborales y que se hallan en una situación severa de precariedad económica. En tanto tal, resguarda el derecho a la seguridad social que cubre los riesgos de subsistencia (art. 14 bis y 75,inc. 22, Constitución Nacional; arto 9, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y arto 28 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad) y tiende a hacer efectivo el derecho a un nivel de vida adecuado, que comprende alimentación, vestido y vivienda (art. 11, inc. 1, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y arto 28, Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad; dictamen de esta Procuración en autos FRO 73023789/2011, “T. V.F. d ANSES y otro s/varios, del 3 de febrero de 2017).

Por ello, consideró que la pensión por invalidez garantiza, a su vez, la cobertura de salud a través del Programa Federal “Incluir Salud” y, por lo tanto, se vincula de forma directa con el derecho a la salud (arts. 42 y 75, inc. 22, Constitución Nacional, arto 12, Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y arts. 25 y 26, Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad).

En este aspecto específico, mencionó a la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad que exige a los Estados parte la adopción de medidas para garantizar el acceso a las prestaciones de rehabilitación relacionadas con la salud y proporcionar los servicios que se requieran como consecuencia de la discapacidad.

Según su punto de vista, la prestación responde, además, al deber estatal positivo de adoptar medidas de protección para atender las necesidades especiales de las personas con discapacidad a fin de que puedan alcanzar y mantener la máxima independencia, inclusión en la comunidad y participación en todos los aspectos de la vida (art. 19, Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad; Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación General 5, párrs. 18 y 19; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 5, párrs. 5 y 6; Fallos 335:168, “P. de C”; dictámenes de esta Procuración General en autos FCB 22477/20141CS1, “G.M.S. y otro en representación de su hija cl INSSJP -PAMI si afiliaciones, del 3 de julio de 2018 y CSJ 70112013 (49·G)/CS1, “G.l. cl Swiss Medical SA slamparo ley 16.986”, del 28 de abril de 2015).

En particular mencionó que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha sostenido, con especial referencia a los extranjeros, que éstos deben tener acceso a planes no contributivos de apoyo a los ingresos, y acceso asequible a la atención de salud y el apoyo a la familia y que cualquier restricción, debe ser proporcionada y razonable (Observación General 19, párr. 37).https://fislem.org/wp-content/uploads/2019/06/Dictamen-PGN-S-L-A-el-Comisión-Nacional-de-Pensiones-Asistenciales-si-Amparos-y-Sumarísimos.pdf

Fallo de la CSJN sobre libertad sindical en la Provincia de Jujuy

La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina dejó sin efecto una decisión que disponía, como medida cautelar, la prohibición a dirigentes sindicales de participar de reuniones multitudinarias, en el marco de una causa en la que se hallaban imputados por los delitos de daños, amenazas y turbación del ejercicio de la función pública.

Ver fallo Farfán, Julio Antonio y otros s/ amenazas agravadas, daños agravados, turbación al ejercicio de la función pública, San Pedro de Jujuy.

El sindicato había interpuesto un recurso extraordinario sosteniendo que se trataba de una medida encubierta para apartarlos de las actividades que diariamente realizan como integrantes del sindicato, que no era necesaria para garantizar el normal desenvolvimiento del proceso penal. Sostuvieron que importaba violar el principio constitucional de libertad sindical al obstaculiza decisivamente el normal cumplimiento de sus funciones como delegados sindicales.

La Corte sostuvo que la Constitución Nacional consagra, de manera concluyente, un modelo sindical libre, democrático y desburocratizado y subrayó  que constituía un requisito ineludible de la libertad sindical el derecho de reunión, de opinión y de expresión, al expresar que “sin el aseguramiento de las libertades que acaban de ser indicadas, es poco menos que imposible que puedan ejercerse acabadamente el derecho de los trabajadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes”.

Cámara de Seguridad Social Argentina “LAVECCHIA ROBERTO c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS”

Declaró inconstitucional el aumento del 5,71% que recibieron los jubilados y demás beneficiaros sociales en marzo de 2018 de acuerdo a la nueva ley de movilidad. Y ordenó que se aplique la fórmula de movilidad anterior, que se calculó en el 14,5%, porque las leyes no pueden aplicarse en forma retroactiva.

La aplicación retroactiva antes aludida vulnera los principios de progresividad y de no regresividad de los Derechos económicos, sociales y culturales, consagrados en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

En la Resolución, los jueces ordenan reajustar los haberes de marzo de 2018 con la anterior fórmula, “debiendo empezar a aplicarse la nueva movilidad establecida en la ley 27426 a partir del incremento correspondiente al mensual septiembre 2018”

México – Acción de Inconstitucionalidad 101/2014

oSe impugna una ley por violar la Constitución Federal, así como del artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al contravenir el derecho a la igualdad en materia de seguridad social y los principios de equidad y previsión social, puesto que establece que los trabajadores sin derecho a pensión, renuncien a los intereses generados por sus cuotas de aportación enteradas al Instituto de Pensiones.

Corte Interamericana “Cinco Pensionistas” Vs. Perú

El caso se refiere a la responsabilidad internacional debido a la modificación en el régimen de pensiones que Carlos Torres Benvenuto, Javier Mujica Ruiz-Huidobro, Guillermo Álvarez Hernández, Reymert Bartra Vásquez y Maximiliano Gamarra Ferreyra venían disfrutando conforme a la legislación peruana hasta 1992, así como por el incumplimiento de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional del Perú que ordenaron al Estado realizar determinados pagos a su favor.