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La persecución penal y la inteligencia ilegal

La Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) propone refundar el sistema de inteligencia argentino.

A través del documento ¿Hay salida para la crisis del sistema de inteligencia?, el conjunto de organizaciones de la sociedad civil que conforma la Iniciativa impulsa la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la creación de “un organismo de producción de inteligencia nacional estratégica en la órbita de la Presidencia que esté integrado por personal abocado de manera exclusiva al análisis de las problemáticas relevantes en materia de defensa nacional y seguridad interior de la Nación”. La propuesta específicamente contempla la prohibición de que los integrantes de este nuevo órgano se inmiscuyan en tareas policiales, de asistencia judicial y de investigación criminal.  

La proliferación de la inteligencia ilegal en Argentina ha degenerado en espionaje político y social, tráfico de escuchas, operaciones mediáticas y judiciales, y en una variada gama de negocios basados en la extorsión. Este mismo fenómeno, a su vez, ha descompuesto definitivamente la investigación criminal. Los dispositivos de inteligencia pujan con éxito por desplazar a las fuerzas de seguridad en la función de auxiliares de la administración de justicia. La penetración de agentes de inteligencia en la investigación criminal –ámbito cuya intervención está, salvo escasas excepciones, prohibida por la ley—, constituye una fuente de promiscuidad institucional de la que deriva el funcionamiento ilegal de los servicios de inteligencia argentinos. Además, la indebida intervención de la AFI como policía de investigación explica buena parte de la ineficacia del sistema judicial en el abordaje de manifestaciones de criminalidad organizada.

Las organizaciones también llaman la atención sobre algunas debilidades de la norma, entre las que mencionan algunas vinculadas con la fuerte participación del Poder Ejecutivo en la designación y remoción del Fiscal General.

Cambio de autoridades en la Red Latinoamericana de Análisis Criminal

La Fiscalía General de Chile ejercerá este año la presidencia de La RED LATINOAMERICANA DE ANÁLISIS CRIMINAL. Anteriormente, esta función la había cumplido el Ministerio Público Fiscal argentino a través de la Dirección General de Análisis Criminal (DAC). La Secretaría General de la Red se encuentra a cargo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).

La Red, creada en el año 2016, vinculó en un primer momento a los equipos de análisis criminal de las Fiscalías de Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá y Uruguay. Luego se incorporaron sus pares de Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Paraguay y México.
Existen, al menos, tres aspectos de suma relevancia para destacar en este sentido. En primer lugar, la Red viene a consolidar y promover la reciente tendencia de los Ministerios Públicos Fiscales de involucrarse con el análisis criminal a través de equipos especializados en la materia y mediante herramientas específicas.
La Red, por otra parte, es vehículo para compartir información y experiencias con miras a lograr persecuciones penales estratégicas e inteligentes.
Por último, la creación de la Red impacta positivamente en términos de autonomía e independencia de los Ministerios Públicos Fiscales. En efecto, ambos valores están directamente ligados a que las Fiscalías puedan generar herramientas e información propias, que les permitan afrontar de manera adecuada manifestaciones criminales de cualquier orden.

Para más referencias, pueden consultar en la web de CEJA o en la siguiente noticia.


Informe sobre violencia policial contra afrodescendientes en Estados Unidos de la CIDH 2018

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe sobre la violencia policial contra la población afrodescendiente en Estados Unidos. El informe African-Americans, police use of force, and human rights in the United States analiza el problema persistente de la discriminación estructural contra las personas afrodescendientes en Estados Unidos y, en particular, la profunda disparidad racial en lo que respecta a la labor policial y al sistema de justicia penal.
Más allá de tratarse de Estados Unidos, el informe resulta muy importante para toda la región. Tiene observaciones y recomendaciones sobre administración de justicia en general relacionado a hechos de violencia policial contra población en situación de vulnerabilidad. De ahí que la interpretación que hace la CIDH puede ser de suma utilidad para los distintos agentes de los Ministerios Públicos regionales.

Creación de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) en el ámbito del Ministerio Público de la Nación.

En el año 2013 se produjo un hecho inédito en Argentina, en cuanto se creó en el ámbito de incumbencia del Ministerio Público Fiscal, una Procuraduría especializada en Violencia Institucional, a fin de investigar, colaborar y realizar diagnósticos vinculados a hechos delictivos cometidos por fuerzas de seguridad y penitenciarias.

Opinión: Guatemala no debe conceder amnistía a los criminales de guerra

Si se aprobara el proyecto de ley de amnistía, no solo desharía décadas de trabajo para brindar justicia a las víctimas de atrocidades en tiempos de guerra, sino que también representaría un retorno inequívoco al reinado de la impunidad buscada durante mucho tiempo por las poderosas redes de corrupción respaldadas por el ejército, que Estados Unidos invirtió significativos recursos en desmantelar.