FISLEM...

Recursos

Juicio a los jueces: se confirmó la prisión perpetua de cuatro magistrados por crímenes de lesa humanidad

Compartimos con alegría la noticia de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, confirmó las condenas a prisión perpetua impuestas a los ex magistrados Luis Miret, Guillermo Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo y Otilio Romano, condenados en julio de 2017 por el Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad.

Uruguay: Condena a ex Ministro de Economía y ex Presidente del Banco República

En diciembre de 2017, Fernando Lorenzo (ex Ministro de Economía de uruguay) fue absuelto en un caso de corrupción, mientras que Fernando Calloia (ex Presidente del Banco República) fue condenado. Recientemente, en mayo de 2019, el tribunal de segunda instancia resolvió revocar la absolución de Lorenzo, por lo que ambos resultaron condenados por el delito de abuso innominado de funciones (art. 162 del Código Penal de Uruguay). Este documento es la sentencia de segunda instancia.

España: Ley de prevención de lavado de activos

La denominada “Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo (10/2010)” viene a modificar la establecida en el año 1995, y si bien fue objeto de cambios en los últimos tiempos, creemos que torna interesante su lectura en virtud de tres grandes características que a diferencia de otras leyes, donde se instituyen organismos de control y prevención del lavado de activos en Latinoamérica, zanja diferencias en pautas interpretativas variadas en las regulaciones de nuestra región.

Argentina: Ministerio Público Fiscal lanza sitio interactivo para causa de lesa humanidad

El Ministerio Público Fiscal de la República Argentina lanzó recientemente un nuevo sitio interactivo con el alegato presentado en la causa “Cóndor”, para que los y las interesados/as en el tema puedan observar el trabajo realizado por la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado en el juicio por los hechos ocurridos en el marco de la Operación Cóndor y Automotores Orletti II.

Informe sobre la Homofobia de Estado 2019

La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) lanzó la 13ª edición de su principal publicación, el Informe de Homofobia de Estado, con autoría de Lucas Ramón Mendos.

La publicación recopila datos sobre las leyes que afectan a las personas en función de su orientación sexual generando así un recurso fundamental para les investigadores, las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos y el público en general.

Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires: declara constitucionalidad de la ley que establece la autonomía de la defensa pública provincial

La Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires, por unanimidad, rechazó la demanda de inconstitucionalidad de la ley 14.442 realizada por la Procuración General de la Provincia.
En 2012, la legislatura bonaerense aprobó una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público Provincial (ley Nº 14.442), que establece la autonomía de la defensa pública provincial. La norma responde a una tendencia regional que buscó sacar a las Defensorías Públicas del ámbito del Ministerio Público Fiscal y dotarlas de autonomía funcional y presupuestaria, tal como lo había exigido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su fallo “Ruano Torres”.

Relanzamiento de la revista Pena y Estado

Hace apenas unos días se publicó el primer número de la Nueva Época de la emblemática revista Pena y Estado (http://penayestado.org/).

Aquella revista erudita y de consulta ineludible en la década del ´90 y comienzos de los 2000 se vuelve a ofrecer como un lugar para el análisis, la reflexión, la crítica, el debate y la actualización de conocimientos sobre la política criminal a nivel regional.

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) relanzan esta revista latinoamericana de análisis político criminal con la perspectiva política de siempre y con las preocupaciones de hoy.

En líneas generales, la propuesta de la revista sigue siendo la reflexión sobre el poder penal desde una mirada progresista y democrática. En particular, esta nueva edición parece ocuparse de las discusiones sobre el andamiaje conceptual necesario para el desarrollo de la política criminal en tanto política pública del Estado. Esta concepción de la política criminal se presenta como contrapunto de aquellas posiciones normativistasque la circunscriben a principios derivados de la dogmática penal y del derecho procesal penal.

Pena y Estado implementa una política de libre acceso a sus contenidos, y tendrá dos ediciones semestrales digitales y un anuario en papel. Está dirigida por Tobías J. Schleider y su secretario de redacción es David Terroba Borodovsky. 

La Conferencia Internacional del Trabajo del centenario adoptó un nuevo Convenio y una nueva Recomendación para hacer frente a las situaciones de violencia y acoso en el lugar de trabajo

“En el marco de las nuevas normas se reconoce el derecho de todas las personas a un entorno laboral exento de violencia y de acoso.”

El Convenio sobre violencia y acoso, 2019, y la Recomendación sobre violencia y acoso, 2019 , fueron adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo del Centenario.
En el Convenio se reconoce que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo “pueden constituir un incumplimiento o una inobservancia de los derechos humanos… y poner en riesgo la igualdad de oportunidades, y que son inaceptables para lograr un trabajo decente, e incompatibles con este”. La “violencia y el acoso” se definen como comportamientos, acciones o amenazas “que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico”. Por otro lado, se recuerda a los Estados Miembros que tienen la responsabilidad de promover un “entorno general de tolerancia cero”.

El objetivo de la nueva norma internacional del trabajo es proteger a trabajadores y empleados, con independencia de su situación contractual, incluidas las personas que realicen actividades de capacitación, pasantías y formación profesional, los trabajadores cuyo contrato se haya rescindido, las personas que realicen labores de voluntariado o busquen trabajo, y los solicitantes de empleo. En virtud de la norma se reconoce que “individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador” también pueden ser objeto de casos de violencia y acoso.

La norma abarca la violencia y el acoso en el ámbito laboral; los lugares en los que se remunere a un trabajador, realice recesos en el trabajo para descansar o comer, o use instalaciones sanitarias, de lavado o de cambio de indumentaria; viajes, desplazamientos, programas de formación, eventos o actividades sociales de índole profesional; comunicaciones relacionadas con el trabajo (en particular mediante tecnologías de la información y la comunicación), lugares de alojamiento proporcionados por el empleador; y los desplazamientos desde y hasta el lugar de trabajo. La norma reconoce asimismo que en los casos de violencia y acoso pueden participar terceros.

El Convenio entrará en vigor 12 meses después de que dos Estados miembros lo hayan ratificado. La Recomendación, que no es jurídicamente vinculante, proporciona directrices sobre el modo de aplicar el Convenio.

Acceso a la justicia y reformas judiciales en América Latina ¿Alguna esperanza de mayor igualdad? de Jorge Correa Sutil

El jurista chileno responde a los interrogantes acerca de cuáles son las causas del acceso no igualitario a la justicia, y cómo esta podría ser reformada.

En el trabajo se indican medidas que posibilitarían disminuir las brechas de desigualdad que hoy existen en la Región en la protección efectiva de los derechos, particularmente entre ricos y pobres. El autor analiza si las reformas judiciales que actualmente se intentan en América Latina tendrán o no algún impacto en el tema de acceso más igualitario al sistema y reflexiona acerca de los riesgos y oportunidades para mejorar la capacidad de los sectores más pobres o desprotegidos en la defensa efectiva de sus derechos.