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Artículos Académicos

Acceso a la justicia y reformas judiciales en América Latina ¿Alguna esperanza de mayor igualdad? de Jorge Correa Sutil

El jurista chileno responde a los interrogantes acerca de cuáles son las causas del acceso no igualitario a la justicia, y cómo esta podría ser reformada.

En el trabajo se indican medidas que posibilitarían disminuir las brechas de desigualdad que hoy existen en la Región en la protección efectiva de los derechos, particularmente entre ricos y pobres. El autor analiza si las reformas judiciales que actualmente se intentan en América Latina tendrán o no algún impacto en el tema de acceso más igualitario al sistema y reflexiona acerca de los riesgos y oportunidades para mejorar la capacidad de los sectores más pobres o desprotegidos en la defensa efectiva de sus derechos.

Las disidencias sexuales y el acceso a la justicia: El rol del Ministerio Público Fiscal y la necesidad de repensar la formación judicial

La violencia ejercida contra las sexualidades no hegemónicas es un fenómeno criminal complejo que requiere respuestas estatales dinámicas e innovadoras por parte de los Estados y de una política de persecución estatal basada en el entendimiento de las desigualdades estructurales provocadas por la misoginia y el patriarcado. En ese contexto, se revela la necesidad de garantizar el pleno ejercicio del derecho al acceso a la Justicia de esta población a través de un diseño institucional por parte del órgano a cargo de la persecución penal estatal y la formación de sus integrantes.

En este artículo se presenta el modelo de gestión  del Ministerio Público Fiscal de Argentina y la implementación de una estrategia de capacitación territorial en diálogo con la comunidad, que colocó en su agenda institucional la perspectiva de género y de las disidencias sexuales a través de su transformación interna y mediante un nuevo modelo de formación judicial.

Dossier: Pueblos Indígenas y Ministerio Público

En los últimos años se produjo una profunda transformación en la concepción y tratamiento de los Estados latinoamericanos en relación con los pueblos indígenas, producto de la cual se instauró un nuevo paradigma de protección de la diversidad cultural. Varios países de América Latina reformaron sus constituciones para reconfigurarse como Estados plurinacionales, interculturales o multiculturales, consagraron el deber de proteger y promover la identidad cultural de los pueblos indígenas, y los reconocieron como sujetos colectivos titulares de una protección especial. Entre otros, se reconocieron derechos particulares sobre el territorio y los recursos naturales, de consulta y participación, a la educación bilingüe e intercultural, garantías penales y procesales específicas y, en algunos casos, derechos de autonomía y una jurisdicción especial indígena.

Este escenario plantea numerosos retos para el sistema de administración de justicia y para los operadores jurídicos —fiscales, jueces y defensores—, quienes deben abordar los casos que involucran a estos pueblos con una nueva perspectiva que considere sus derechos, cosmovisión y pautas culturales, y adecuar los procedimientos legales para incorporar las garantías de derecho indígena, tales como los intérpretes, traductores, peritos culturales y las penas alternativas a la prisión.

Los siguientes documentos pretenden contribuir con la tarea de los fiscales en la detección y en el adecuado tratamiento de los casos que involucren a los pueblos indígenas y sus integrantes. Se trata de una selección de documentos que permiten conocer en profundidad las normas y los estándares internacionales de derechos humanos que deben ser cumplidos por los fiscales de la región, y también de materiales que orientan la actuación legal en distintos procedimientos.

¿Tenemos política criminal en materia de violencia de género?

Por Mariela Labozzetta, Fiscal titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Argentina), para la Revista Sistemas Judiciales N° 22, “Género, diversidad sexual y justicia”, publicada por el CEJA e INECIP.

El artículo ofrece una propuesta de diseño institucional y modelo de gestión para el desarrollo de una política criminal sobre violencia de género en el ámbito de los sistemas de administración de justicia y, en particular, de los ministerios públicos

La corrupción: hacia un remedio institucional

Por Angel Bruno, Pedro Biscay, Martina Cirimele, Alejandra Freire, José Massoni y Luis Villanueva.

Los autores analizan el impacto del fenómeno en la vida democrática y en particular cómo conspira con el accionar del Estado, al desviar fondos públicos para beneficio de particulares. Además, presentan un 19 puntos indispensables para construir una institucionalidad contra la corrupción eficaz, basada en criterios de control social popular sobre el manejo de los recursos públicos y su distribución, para la Argentina.

Descargar documento.

Lo que no se dice sobre “criminal compliance”, Paulo César Busato

Este texto escrito por el profesor brasilero es uno de los pocos textos críticos hacia el Compliance. Parte de la hipótesis del compliance en materia criminal tuvo dos claros objetivos: el primero y principal, funcionar como un escudo para evitar la responsabilidad penal de los entes colectivos; el segundo y subsidiario, operar como un imán a atraer para sus controladores la eventual responsabilidad penal remanente de los directivos o socios de las empresas. Se realiza una síntesis de la teoría alemana contemporánea del tema, y se presenta de forma ordenada diferentes críticas al sistema de compliance, focalizándose contra la posibilidad de exculpar de responsabilidad a socios por la existencia del oficial de cumplimiento y sobretodo la responsabilidad criminal de la persona jurídica.

Recuperación de activos y daño social. Notas para el desarrollo de una nueva estrategia de persecución de la delincuencia económica

En este articulo el Dr. Pedro M. Biscay analiza la importancia de la estrategia de recuperación de activos, considerada como una forma alternativa de persecución y control del crimen económico y la corrupción. Su gran valor radica en que se plantea una discusión indirecta sobre las formas de distribución de la riqueza socialmente producida, las condiciones políticas de la igualdad y el tipo de obediencia al poder dentro de la sociedad y el conjunto de dificultades que se presentan al momento de castigar penalmente los delitos cometidos por empresas.

La emancipación del análisis político criminal como saber independiente

El análisis político criminal puja por erigirse como una disciplina autónoma y específica. Las mayores resistencias para su emancipación provienen de la dogmática penal, la criminología y el derecho procesal penal. Estas disciplinas se abocaron históricamente a la elaboración de nociones político-criminales y relegaron a esta materia a una posición subsidiaria y fragmentaria.

Ello no sólo bloqueó el nacimiento de este saber autónomo y específico, sino que los conceptos y nociones de política criminal que han aportado esas disciplinas son de muy baja calidad, en tanto fueron elaborados por disciplinas con finalidades epistémicas distintas y con por aparatos conceptuales inadecuados.

La tendencia actual es que el análisis político criminal abandone esas posiciones dogmatizadas y avance hacia una disciplina con perspectivas provenientes de la teoría de las políticas públicas.

Los siguientes artículos describen y analizan con claridad esta deriva: