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Dictámenes

El Ministerio Público Fiscal de Argentina dictamina a favor de restituir pensiones por Discapacidad

La ASOCIACIÓN REDI –Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad–presentó una acción de amparo contra el Estado Nacional – Ministerio de Desarrollo Social a fin de que se ordene el cese de la arbitraria e ilegítima conducta consistente en la omisión de depositar los haberes previsionales de las pensiones no contributivas que gozan las personas con discapacidad, entendiendo se vulneran sus derechos a la vida autónoma, la salud, la vivienda, la educación y la dignidad inherente a la persona humana, derechos garantizados en la Constitución Nacional, en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros instrumentos de Derechos Humanos.

Dictamen Fiscalía Federal N° 1 de Primera Instancia de la Seguridad Social 

El representante del Ministerio Público Fiscal expuso en su dictamen que “la afectación de los derechos de una persona con discapacidad, implica ignorar los principios que informan el Derecho de la Seguridad Social. En razón de tal conclusión, se advierte que la acción de amparo resultaría viable, por cuanto la baja del beneficio de pensión por discapacidad en forma unilateral y sin revisión o análisis previo conllevaría una arbitrariedad y/o ilegalidad manifiesta”.

Sentencia Sala II, Cámara Federal de la Seguridad Social 

Los Magistrados de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, ordenaron al Estado nacional la inmediata restitución de las pensiones no contributivas para personas con discapacidad dadas de baja en 2016 y 2017, por considerar que se trata de un derecho “inviolable”.

En los considerandos pertinentes, se resolvió que “le compete a la administración y no a los titulares de las prestaciones la carga procesal de demostrar” si se dan o no las condiciones para que las pensiones continúen.

Es que, al disponer las bajas de pensiones no contributivas por discapacidad en 2016 y 2017, el Ejecutivo había indicado que eran los mismos beneficiarios los que, mediante un nuevo examen médico y la constatación fehaciente de la situación social vulnerable en la que vivían, podían solicitar su restablecimiento.

Puede observarse que la conclusión de los jueces determinaron que: “Esa situación podría traer aparejada la afectación de los derechos constitucionales y convencionales de las personas con capacidades diferentes o inválidas que la sentencia procura garantizar”.

Dossier: Pueblos Indígenas y Ministerio Público

En los últimos años se produjo una profunda transformación en la concepción y tratamiento de los Estados latinoamericanos en relación con los pueblos indígenas, producto de la cual se instauró un nuevo paradigma de protección de la diversidad cultural. Varios países de América Latina reformaron sus constituciones para reconfigurarse como Estados plurinacionales, interculturales o multiculturales, consagraron el deber de proteger y promover la identidad cultural de los pueblos indígenas, y los reconocieron como sujetos colectivos titulares de una protección especial. Entre otros, se reconocieron derechos particulares sobre el territorio y los recursos naturales, de consulta y participación, a la educación bilingüe e intercultural, garantías penales y procesales específicas y, en algunos casos, derechos de autonomía y una jurisdicción especial indígena.

Este escenario plantea numerosos retos para el sistema de administración de justicia y para los operadores jurídicos —fiscales, jueces y defensores—, quienes deben abordar los casos que involucran a estos pueblos con una nueva perspectiva que considere sus derechos, cosmovisión y pautas culturales, y adecuar los procedimientos legales para incorporar las garantías de derecho indígena, tales como los intérpretes, traductores, peritos culturales y las penas alternativas a la prisión.

Los siguientes documentos pretenden contribuir con la tarea de los fiscales en la detección y en el adecuado tratamiento de los casos que involucren a los pueblos indígenas y sus integrantes. Se trata de una selección de documentos que permiten conocer en profundidad las normas y los estándares internacionales de derechos humanos que deben ser cumplidos por los fiscales de la región, y también de materiales que orientan la actuación legal en distintos procedimientos.

Dictamen sobre la validez de los requisitos que deben acreditar extranjeros para acceder a una pensión por invalidez

CSS 15373/2014/11RHl “S L A c/Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales s/ Amparos y Sumarísimos”

El Dr. Victor Abramovich -Procurador ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación- se expidió en la causa “S L A c/ Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales s/ Amparos y Sumarísimos “, respecto de la constitucionalidad del artículo 1, inciso e, del decreto 432/97 del Poder Ejecutivo Nacional, reglamentario de la ley 13.478 que determina que para acceder a la pensión por invalidez los extranjeros deberán acreditar una residencia continuada en el país de 20 años

Respecto de ello, entendió que la controversia encuentra adecuada y suficiente respuesta en el precedente “Reyes Aguilera” (Fallos: 330:3853) en el que la Corte Suprema, declaró la inconstitucionalidad del requisito de 20 años de residencia para acceder a la pensión por invalidez por resultar irrazonable y desproporcionado.

En esa línea, resaltó que, en cuanto a la naturaleza de la prestación reclamada, el sistema de pensiones no contributivas para las personas con discapacidad instrumenta de manera directa derechos fundamentales de base constitucional, por lo que su regulación y administración debe observar las reglas del debido proceso adjetivo y sustantivo.

En efecto, la pensión por invalidez consiste en una transferencia de dinero que es conferida a las personas con discapacidad imposibilitadas de generar ingresos laborales y que se hallan en una situación severa de precariedad económica. En tanto tal, resguarda el derecho a la seguridad social que cubre los riesgos de subsistencia (art. 14 bis y 75,inc. 22, Constitución Nacional; arto 9, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y arto 28 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad) y tiende a hacer efectivo el derecho a un nivel de vida adecuado, que comprende alimentación, vestido y vivienda (art. 11, inc. 1, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y arto 28, Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad; dictamen de esta Procuración en autos FRO 73023789/2011, “T. V.F. d ANSES y otro s/varios, del 3 de febrero de 2017).

Por ello, consideró que la pensión por invalidez garantiza, a su vez, la cobertura de salud a través del Programa Federal “Incluir Salud” y, por lo tanto, se vincula de forma directa con el derecho a la salud (arts. 42 y 75, inc. 22, Constitución Nacional, arto 12, Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y arts. 25 y 26, Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad).

En este aspecto específico, mencionó a la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad que exige a los Estados parte la adopción de medidas para garantizar el acceso a las prestaciones de rehabilitación relacionadas con la salud y proporcionar los servicios que se requieran como consecuencia de la discapacidad.

Según su punto de vista, la prestación responde, además, al deber estatal positivo de adoptar medidas de protección para atender las necesidades especiales de las personas con discapacidad a fin de que puedan alcanzar y mantener la máxima independencia, inclusión en la comunidad y participación en todos los aspectos de la vida (art. 19, Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad; Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación General 5, párrs. 18 y 19; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 5, párrs. 5 y 6; Fallos 335:168, “P. de C”; dictámenes de esta Procuración General en autos FCB 22477/20141CS1, “G.M.S. y otro en representación de su hija cl INSSJP -PAMI si afiliaciones, del 3 de julio de 2018 y CSJ 70112013 (49·G)/CS1, “G.l. cl Swiss Medical SA slamparo ley 16.986”, del 28 de abril de 2015).

En particular mencionó que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha sostenido, con especial referencia a los extranjeros, que éstos deben tener acceso a planes no contributivos de apoyo a los ingresos, y acceso asequible a la atención de salud y el apoyo a la familia y que cualquier restricción, debe ser proporcionada y razonable (Observación General 19, párr. 37).https://fislem.org/wp-content/uploads/2019/06/Dictamen-PGN-S-L-A-el-Comisión-Nacional-de-Pensiones-Asistenciales-si-Amparos-y-Sumarísimos.pdf

Dossier: El rol de las fiscalías y las disidencias sexuales

Por Javier T. Álvarez

La articulación entre los órganos que integran el servicio de administración de justicia y los diversos grupos vulnerables de las sociedades actuales reposa en un diálogo que suele estar mediatizado por estereotipos y prejuicios de quienes operan en el sistema judicial y que se materializan en prácticas que, en su consecuencia, obstaculizan el acceso a la justicia.

En la actualidad puede afirmarse que las más evidentes son las que se refieren a mujeres y personas pertenecientes al colectivo de las disidencias sexuales, cuya existencia se encuentra atravesada por el sistema patriarcal que impera en la región.

Compendios de jurisprudencia argentina sobre cuestiones ambientales

En este bloque encontraran dos compendios, uno de fallos de la CSJN de Argentina, y otro, de Dictámenes del Procurador General ante la CSJN de Argentina, todos referidos a causas que tramitaron cuestiones ambientales.

Respecto de la colección de dictámenes del Ministerio Público Fiscal, debemos destacar que el criterio de análisis son los estándares de derechos humanos en materia ambiental utilizados en cada caso.

Es una buena guía para estudiar los distintos problemas ambientales que han llegado a discutirse en las instancias de la Corte, ya sea por vía directa, o mediante el recurso extraordinario federal.