FISLEM...

Informes

“El prejuicio no conoce fronteras” informe del Observatorio Sin Violencia LGBTI

“El prejuicio no conoce fronteras”: presentado por el observatorio Sin Violencia LGBTI, recoge datos estadísticos de asesinatos cometidos en nueve países: Colombia, México, Honduras, Perú, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Paraguay y Bolivia. El país donde se cometieron más asesinatos durante cinco años de personas LGBTI fue Colombia con 542 homicidios; seguido de México 402 casos y Honduras con 164.

Este relevamiento arroja como resultado que, al menos unos 1.300 asesinatos de personas LGBTI se han cometido en los últimos cinco años en América Latina, haciendo un promedio de cuatro homicidios diarios. La mayoría de las victimas corresponde a hombres gay y mujeres trans y se logró determinar que el 30 por ciento de los crímenes fueron causados por prejuicio. Según el estudio los asesinatos fueron motivados por la orientación sexual e identidad de género de las victimas. El uso de las armas de fuego predomina en los crímenes, sin embargo, en los asesinatos de hombres gay y bisexuales son cometidos con objetos cortantes y ahorcamiento. Mientras tanto, las mujeres trans, bisexuales y lesbianas son asesinadas con arma de fuego en su mayoría. Otro dato interesante que arroja el informe es que los lugares más peligrosos para las personas LGBTI son la calle y la casa. Los datos recabados indican que el 80 por ciento de los cuerpos de las victimas fueron encontrados es espacios públicos abiertos y en sus domicilios particulares. Se destaca que las mujeres trans y lesbianas fueron atacadas en espacios abiertos, mientras que los ataques a hombres gay fueron cometidos en sus casas.

“Informe Violencia extrema contra personas LGBTTT en México: Saldos del sexenio 2013-2018”

Según los resultados presentados durante el sexenio 2013-2018 se cometieron 473 contra personas LGBT+. Y los años 2017 y 2018 fueron los más violentos contra la comunidad LGBT+, pues se contabilizaron 187 asesinatos. Se trata de datos  aproximados, ya que se basan en los casos visibilizados por medios de comunicación y notas de prensa, por lo que, el número de crímenes podría ser el doble tomando en cuenta aquellos que no fueron notificados. Respecto de las víctimas, las mujeres trans fueron las principales víctimas de agresiones a lo largo del sexenio, sumando el 55% de los casos. El segundo grupo más afectado fueron los homosexuales (40%) y las lesbianas (1.9%). Respecto a los asesinatos de lesbianas, se aclaró que la mayoría de los casos son reportados como feminicidios. Es decir, que los registros consideran más importante el género que la orientación sexual, por lo que el número de víctimas lesbianas sería mucho mayor. Por distribución geográfica, los estados mexicanos que presentan más crímenes contra LGBT+ son Veracruz, Guerrero, Quintana Roo, Estado de México, Chihuahua, Puebla y Tamaulipas. Entre todos, suman casi el 50% de los crímenes reportados en el país.

Informe sobre la Homofobia de Estado 2019

La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) lanzó la 13ª edición de su principal publicación, el Informe de Homofobia de Estado, con autoría de Lucas Ramón Mendos.

La publicación recopila datos sobre las leyes que afectan a las personas en función de su orientación sexual generando así un recurso fundamental para les investigadores, las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos y el público en general.

Relanzamiento de la revista Pena y Estado

Hace apenas unos días se publicó el primer número de la Nueva Época de la emblemática revista Pena y Estado (http://penayestado.org/).

Aquella revista erudita y de consulta ineludible en la década del ´90 y comienzos de los 2000 se vuelve a ofrecer como un lugar para el análisis, la reflexión, la crítica, el debate y la actualización de conocimientos sobre la política criminal a nivel regional.

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) relanzan esta revista latinoamericana de análisis político criminal con la perspectiva política de siempre y con las preocupaciones de hoy.

En líneas generales, la propuesta de la revista sigue siendo la reflexión sobre el poder penal desde una mirada progresista y democrática. En particular, esta nueva edición parece ocuparse de las discusiones sobre el andamiaje conceptual necesario para el desarrollo de la política criminal en tanto política pública del Estado. Esta concepción de la política criminal se presenta como contrapunto de aquellas posiciones normativistasque la circunscriben a principios derivados de la dogmática penal y del derecho procesal penal.

Pena y Estado implementa una política de libre acceso a sus contenidos, y tendrá dos ediciones semestrales digitales y un anuario en papel. Está dirigida por Tobías J. Schleider y su secretario de redacción es David Terroba Borodovsky. 

Dossier: Pueblos Indígenas y Ministerio Público

En los últimos años se produjo una profunda transformación en la concepción y tratamiento de los Estados latinoamericanos en relación con los pueblos indígenas, producto de la cual se instauró un nuevo paradigma de protección de la diversidad cultural. Varios países de América Latina reformaron sus constituciones para reconfigurarse como Estados plurinacionales, interculturales o multiculturales, consagraron el deber de proteger y promover la identidad cultural de los pueblos indígenas, y los reconocieron como sujetos colectivos titulares de una protección especial. Entre otros, se reconocieron derechos particulares sobre el territorio y los recursos naturales, de consulta y participación, a la educación bilingüe e intercultural, garantías penales y procesales específicas y, en algunos casos, derechos de autonomía y una jurisdicción especial indígena.

Este escenario plantea numerosos retos para el sistema de administración de justicia y para los operadores jurídicos —fiscales, jueces y defensores—, quienes deben abordar los casos que involucran a estos pueblos con una nueva perspectiva que considere sus derechos, cosmovisión y pautas culturales, y adecuar los procedimientos legales para incorporar las garantías de derecho indígena, tales como los intérpretes, traductores, peritos culturales y las penas alternativas a la prisión.

Los siguientes documentos pretenden contribuir con la tarea de los fiscales en la detección y en el adecuado tratamiento de los casos que involucren a los pueblos indígenas y sus integrantes. Se trata de una selección de documentos que permiten conocer en profundidad las normas y los estándares internacionales de derechos humanos que deben ser cumplidos por los fiscales de la región, y también de materiales que orientan la actuación legal en distintos procedimientos.

Créditos para el consumo: análisis del fenómeno socioeconómico y su impacto en los sectores populares

En este artículo de 2013 se encuentra una investigación empírica realizada por un sociólogo, el coordinador de la Fiscalía Federal de Fraudes Bancarios y crimen económico y el Procurador General en función en la procuraduría contra el crimen económico y lavado de activos (PROCELAC).

Es una investigación realizada en Buenos Aires, Argentina que promueve mecanismos y herramientas que contribuyan al mejoramiento del control y reducción de la criminalidad relacionada con la actividad bancaria y la defensa de los consumidores de dicha actividad.

Las características y capacidades de reconversión y transformación en función de la lógica especulativa que atraviesa el conjunto de sus prácticas que se realizan en el mercado financiero.

En este trabajo no hubo pretensión de imputación penal; por el contrario, procuró prestar atención sobre una dinámica particular del mercado financiero. Con ello se generó un insumo de calidad que puede ser útil para posibles reformas en Ministerios Públicos de países en vías de desarrollo.

La nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General en México: avances y pendientes

Este informe, elaborado por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), identifica y analiza los principales avances, desafíos y oportunidades que trae la nueva ley orgánica de la Fiscalía General en México, que desde el 18 de diciembre de 2018, es una institución formalmente autónoma del poder ejecutivo, que reemplazará a la vieja Procuraduría General de la República (PGR), señalada por su ineficiencia y falta de independencia, y responsabilizada en gran medida por los altos índices de impunidad del país.

OEA – Documento de Buenas Prácticas sobre Administración de Bienes Incautados y Decomisados

El Organismo de Estados Americanos elabora desde el año 2011 documentos periódicos de buenas prácticas sobre administración de bienes incautados y decomisados. En este caso en particular se acerca el primero de ellos, el cual está especialmente vinculado a la evolución jurídica de la figura del comiso y los organismos de recuperación de activos. Este texto recopila prácticas de todo el mundo. Además se adjunta un texto introductorio que es un resumen de mucha utilidad realizado por los estados miembros de CICAD/OEA en relación al mismo tema. Su utilidad práctica radica en que otorga al interesado la posibilidad de conocer las principales características de la sub temáticas.

OEA – Sistemas de Administración de Bienes de América Latina

Dossier: El rol de las fiscalías y las disidencias sexuales

Por Javier T. Álvarez

La articulación entre los órganos que integran el servicio de administración de justicia y los diversos grupos vulnerables de las sociedades actuales reposa en un diálogo que suele estar mediatizado por estereotipos y prejuicios de quienes operan en el sistema judicial y que se materializan en prácticas que, en su consecuencia, obstaculizan el acceso a la justicia.

En la actualidad puede afirmarse que las más evidentes son las que se refieren a mujeres y personas pertenecientes al colectivo de las disidencias sexuales, cuya existencia se encuentra atravesada por el sistema patriarcal que impera en la región.