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La Conferencia Internacional del Trabajo del centenario adoptó un nuevo Convenio y una nueva Recomendación para hacer frente a las situaciones de violencia y acoso en el lugar de trabajo

“En el marco de las nuevas normas se reconoce el derecho de todas las personas a un entorno laboral exento de violencia y de acoso.”

El Convenio sobre violencia y acoso, 2019, y la Recomendación sobre violencia y acoso, 2019 , fueron adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo del Centenario.
En el Convenio se reconoce que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo “pueden constituir un incumplimiento o una inobservancia de los derechos humanos… y poner en riesgo la igualdad de oportunidades, y que son inaceptables para lograr un trabajo decente, e incompatibles con este”. La “violencia y el acoso” se definen como comportamientos, acciones o amenazas “que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico”. Por otro lado, se recuerda a los Estados Miembros que tienen la responsabilidad de promover un “entorno general de tolerancia cero”.

El objetivo de la nueva norma internacional del trabajo es proteger a trabajadores y empleados, con independencia de su situación contractual, incluidas las personas que realicen actividades de capacitación, pasantías y formación profesional, los trabajadores cuyo contrato se haya rescindido, las personas que realicen labores de voluntariado o busquen trabajo, y los solicitantes de empleo. En virtud de la norma se reconoce que “individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador” también pueden ser objeto de casos de violencia y acoso.

La norma abarca la violencia y el acoso en el ámbito laboral; los lugares en los que se remunere a un trabajador, realice recesos en el trabajo para descansar o comer, o use instalaciones sanitarias, de lavado o de cambio de indumentaria; viajes, desplazamientos, programas de formación, eventos o actividades sociales de índole profesional; comunicaciones relacionadas con el trabajo (en particular mediante tecnologías de la información y la comunicación), lugares de alojamiento proporcionados por el empleador; y los desplazamientos desde y hasta el lugar de trabajo. La norma reconoce asimismo que en los casos de violencia y acoso pueden participar terceros.

El Convenio entrará en vigor 12 meses después de que dos Estados miembros lo hayan ratificado. La Recomendación, que no es jurídicamente vinculante, proporciona directrices sobre el modo de aplicar el Convenio.

Acceso a la justicia y reformas judiciales en América Latina ¿Alguna esperanza de mayor igualdad? de Jorge Correa Sutil

El jurista chileno responde a los interrogantes acerca de cuáles son las causas del acceso no igualitario a la justicia, y cómo esta podría ser reformada.

En el trabajo se indican medidas que posibilitarían disminuir las brechas de desigualdad que hoy existen en la Región en la protección efectiva de los derechos, particularmente entre ricos y pobres. El autor analiza si las reformas judiciales que actualmente se intentan en América Latina tendrán o no algún impacto en el tema de acceso más igualitario al sistema y reflexiona acerca de los riesgos y oportunidades para mejorar la capacidad de los sectores más pobres o desprotegidos en la defensa efectiva de sus derechos.

El Ministerio Público Fiscal de Argentina dictamina a favor de restituir pensiones por Discapacidad

La ASOCIACIÓN REDI –Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad–presentó una acción de amparo contra el Estado Nacional – Ministerio de Desarrollo Social a fin de que se ordene el cese de la arbitraria e ilegítima conducta consistente en la omisión de depositar los haberes previsionales de las pensiones no contributivas que gozan las personas con discapacidad, entendiendo se vulneran sus derechos a la vida autónoma, la salud, la vivienda, la educación y la dignidad inherente a la persona humana, derechos garantizados en la Constitución Nacional, en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros instrumentos de Derechos Humanos.

Dictamen Fiscalía Federal N° 1 de Primera Instancia de la Seguridad Social 

El representante del Ministerio Público Fiscal expuso en su dictamen que “la afectación de los derechos de una persona con discapacidad, implica ignorar los principios que informan el Derecho de la Seguridad Social. En razón de tal conclusión, se advierte que la acción de amparo resultaría viable, por cuanto la baja del beneficio de pensión por discapacidad en forma unilateral y sin revisión o análisis previo conllevaría una arbitrariedad y/o ilegalidad manifiesta”.

Sentencia Sala II, Cámara Federal de la Seguridad Social 

Los Magistrados de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, ordenaron al Estado nacional la inmediata restitución de las pensiones no contributivas para personas con discapacidad dadas de baja en 2016 y 2017, por considerar que se trata de un derecho “inviolable”.

En los considerandos pertinentes, se resolvió que “le compete a la administración y no a los titulares de las prestaciones la carga procesal de demostrar” si se dan o no las condiciones para que las pensiones continúen.

Es que, al disponer las bajas de pensiones no contributivas por discapacidad en 2016 y 2017, el Ejecutivo había indicado que eran los mismos beneficiarios los que, mediante un nuevo examen médico y la constatación fehaciente de la situación social vulnerable en la que vivían, podían solicitar su restablecimiento.

Puede observarse que la conclusión de los jueces determinaron que: “Esa situación podría traer aparejada la afectación de los derechos constitucionales y convencionales de las personas con capacidades diferentes o inválidas que la sentencia procura garantizar”.

Las disidencias sexuales y el acceso a la justicia: El rol del Ministerio Público Fiscal y la necesidad de repensar la formación judicial

La violencia ejercida contra las sexualidades no hegemónicas es un fenómeno criminal complejo que requiere respuestas estatales dinámicas e innovadoras por parte de los Estados y de una política de persecución estatal basada en el entendimiento de las desigualdades estructurales provocadas por la misoginia y el patriarcado. En ese contexto, se revela la necesidad de garantizar el pleno ejercicio del derecho al acceso a la Justicia de esta población a través de un diseño institucional por parte del órgano a cargo de la persecución penal estatal y la formación de sus integrantes.

En este artículo se presenta el modelo de gestión  del Ministerio Público Fiscal de Argentina y la implementación de una estrategia de capacitación territorial en diálogo con la comunidad, que colocó en su agenda institucional la perspectiva de género y de las disidencias sexuales a través de su transformación interna y mediante un nuevo modelo de formación judicial.

Uruguay: sentencia que convalida la creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad

La Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad de Uruguay fue creada por la ley nº 19.550 de dicho país el 25 de octubre de 2017, y tiene competencia en todo el territorio nacional y exclusiva en causas penales referida a las violaciones de los Derechos Humanos ocurridas durante el periodo definido como terrorismo de Estado por la ley nº 18. 596 (es decir, desde el 13 de junio de 1968 al 28 de febrero de 1985).

En sentencia reciente, la Suprema Corte de Justicia de Uruguay convalida su creación y actuación desestimando el pedido de inconstitucionalidad de la misma. Compartimos adjunto dicho fallo.

Argentina: La Corte Suprema rechaza inconstitucionalidad de Ley de Glaciares solicitada por Barrick Gold

En un fallo que sienta un precedente para el resto de la región, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina rechazó la demanda de inconstitucionalidad de la ley de preservación de los glaciares (26.639) planteada por las empresas mineras Barrick Exploraciones Argentinas SA. y Exploraciones Mineras Argentinas S.A., concesionarias del emprendimiento binacional Pascua Lama. Idéntica solución se adoptó respecto a la demanda iniciada por la empresa Minera Argentina Gold S.A., concesionaria del emprendimiento “Veladero”.

Dossier: Pueblos Indígenas y Ministerio Público

En los últimos años se produjo una profunda transformación en la concepción y tratamiento de los Estados latinoamericanos en relación con los pueblos indígenas, producto de la cual se instauró un nuevo paradigma de protección de la diversidad cultural. Varios países de América Latina reformaron sus constituciones para reconfigurarse como Estados plurinacionales, interculturales o multiculturales, consagraron el deber de proteger y promover la identidad cultural de los pueblos indígenas, y los reconocieron como sujetos colectivos titulares de una protección especial. Entre otros, se reconocieron derechos particulares sobre el territorio y los recursos naturales, de consulta y participación, a la educación bilingüe e intercultural, garantías penales y procesales específicas y, en algunos casos, derechos de autonomía y una jurisdicción especial indígena.

Este escenario plantea numerosos retos para el sistema de administración de justicia y para los operadores jurídicos —fiscales, jueces y defensores—, quienes deben abordar los casos que involucran a estos pueblos con una nueva perspectiva que considere sus derechos, cosmovisión y pautas culturales, y adecuar los procedimientos legales para incorporar las garantías de derecho indígena, tales como los intérpretes, traductores, peritos culturales y las penas alternativas a la prisión.

Los siguientes documentos pretenden contribuir con la tarea de los fiscales en la detección y en el adecuado tratamiento de los casos que involucren a los pueblos indígenas y sus integrantes. Se trata de una selección de documentos que permiten conocer en profundidad las normas y los estándares internacionales de derechos humanos que deben ser cumplidos por los fiscales de la región, y también de materiales que orientan la actuación legal en distintos procedimientos.

Dictamen sobre la validez de los requisitos que deben acreditar extranjeros para acceder a una pensión por invalidez

CSS 15373/2014/11RHl “S L A c/Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales s/ Amparos y Sumarísimos”

El Dr. Victor Abramovich -Procurador ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación- se expidió en la causa “S L A c/ Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales s/ Amparos y Sumarísimos “, respecto de la constitucionalidad del artículo 1, inciso e, del decreto 432/97 del Poder Ejecutivo Nacional, reglamentario de la ley 13.478 que determina que para acceder a la pensión por invalidez los extranjeros deberán acreditar una residencia continuada en el país de 20 años

Respecto de ello, entendió que la controversia encuentra adecuada y suficiente respuesta en el precedente “Reyes Aguilera” (Fallos: 330:3853) en el que la Corte Suprema, declaró la inconstitucionalidad del requisito de 20 años de residencia para acceder a la pensión por invalidez por resultar irrazonable y desproporcionado.

En esa línea, resaltó que, en cuanto a la naturaleza de la prestación reclamada, el sistema de pensiones no contributivas para las personas con discapacidad instrumenta de manera directa derechos fundamentales de base constitucional, por lo que su regulación y administración debe observar las reglas del debido proceso adjetivo y sustantivo.

En efecto, la pensión por invalidez consiste en una transferencia de dinero que es conferida a las personas con discapacidad imposibilitadas de generar ingresos laborales y que se hallan en una situación severa de precariedad económica. En tanto tal, resguarda el derecho a la seguridad social que cubre los riesgos de subsistencia (art. 14 bis y 75,inc. 22, Constitución Nacional; arto 9, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y arto 28 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad) y tiende a hacer efectivo el derecho a un nivel de vida adecuado, que comprende alimentación, vestido y vivienda (art. 11, inc. 1, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y arto 28, Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad; dictamen de esta Procuración en autos FRO 73023789/2011, “T. V.F. d ANSES y otro s/varios, del 3 de febrero de 2017).

Por ello, consideró que la pensión por invalidez garantiza, a su vez, la cobertura de salud a través del Programa Federal “Incluir Salud” y, por lo tanto, se vincula de forma directa con el derecho a la salud (arts. 42 y 75, inc. 22, Constitución Nacional, arto 12, Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y arts. 25 y 26, Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad).

En este aspecto específico, mencionó a la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad que exige a los Estados parte la adopción de medidas para garantizar el acceso a las prestaciones de rehabilitación relacionadas con la salud y proporcionar los servicios que se requieran como consecuencia de la discapacidad.

Según su punto de vista, la prestación responde, además, al deber estatal positivo de adoptar medidas de protección para atender las necesidades especiales de las personas con discapacidad a fin de que puedan alcanzar y mantener la máxima independencia, inclusión en la comunidad y participación en todos los aspectos de la vida (art. 19, Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad; Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación General 5, párrs. 18 y 19; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 5, párrs. 5 y 6; Fallos 335:168, “P. de C”; dictámenes de esta Procuración General en autos FCB 22477/20141CS1, “G.M.S. y otro en representación de su hija cl INSSJP -PAMI si afiliaciones, del 3 de julio de 2018 y CSJ 70112013 (49·G)/CS1, “G.l. cl Swiss Medical SA slamparo ley 16.986”, del 28 de abril de 2015).

En particular mencionó que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha sostenido, con especial referencia a los extranjeros, que éstos deben tener acceso a planes no contributivos de apoyo a los ingresos, y acceso asequible a la atención de salud y el apoyo a la familia y que cualquier restricción, debe ser proporcionada y razonable (Observación General 19, párr. 37).https://fislem.org/wp-content/uploads/2019/06/Dictamen-PGN-S-L-A-el-Comisión-Nacional-de-Pensiones-Asistenciales-si-Amparos-y-Sumarísimos.pdf

Créditos para el consumo: análisis del fenómeno socioeconómico y su impacto en los sectores populares

En este artículo de 2013 se encuentra una investigación empírica realizada por un sociólogo, el coordinador de la Fiscalía Federal de Fraudes Bancarios y crimen económico y el Procurador General en función en la procuraduría contra el crimen económico y lavado de activos (PROCELAC).

Es una investigación realizada en Buenos Aires, Argentina que promueve mecanismos y herramientas que contribuyan al mejoramiento del control y reducción de la criminalidad relacionada con la actividad bancaria y la defensa de los consumidores de dicha actividad.

Las características y capacidades de reconversión y transformación en función de la lógica especulativa que atraviesa el conjunto de sus prácticas que se realizan en el mercado financiero.

En este trabajo no hubo pretensión de imputación penal; por el contrario, procuró prestar atención sobre una dinámica particular del mercado financiero. Con ello se generó un insumo de calidad que puede ser útil para posibles reformas en Ministerios Públicos de países en vías de desarrollo.