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Informe del Observatorio Nacional de Crímenes de odio LGBT

El informe revela que las mujeres trans son las principales víctimas de delitos motivados por odio en la Argentina. Sus principales agresores son funcionarios de las fuerzas de seguridad.

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT fue creado por la Defensoría LGBT -dependiente del Instituto contra la Discriminación-, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires; en articulación con la Federación Argentina LGBT y la Defensoría del Pueblo de la Nación, en mayo de 2016.
Tiene por objeto el relevamiento nacional de datos que visibilicen la violencia que viven cotidianamente en Argentina las personas pertenecientes al colectivo LGBTIQ+, para generar una plataforma de información que permita monitorear e incidir en la formulación de políticas públicas eficaces y propuestas legislativas para la prevención, sanción y erradicación de los Crímenes de Odio hacia la comunidad LGBT, motivados por discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género.
De manera reciente se ha publicado el informe correspondiente al año 2018 revelando un incremento en la violencia ejercida contra este colectivo en relación al año 2017. En efecto, se registraron 147 crímenes de odio contra gays, lesbianas, bisexuales, travestis y trans en el año 2018 frente a los 103 casos registrados en el 2017.
Es interesante señalar que probablemente las agresiones de este tipo sean muchas más, ya que el informe sólo consideró los casos relevados por medios de comunicación y las denuncias realizadas ante la Defensoría LGBT y ante las organizaciones de la FALGBT o documentados por el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (CeDoSTALC).
Los resultados del informe ponen al manifiesto que las principales víctimas de este tipo especial de violencia son las mujeres trans, seguidas luego por varones gays cis. Las primeras representan el 64% de los casos, mientras que los segundos el 28%.
El 54% de los casos fueron casos de violencia física que no terminaron en muerte, mientras que el 46% restante fueron clasificadas como “lesiones al derecho a la vida, es decir asesinatos (17), suicidios (7) y muertes por ausencia y/o abandono estatal (43).
De los casos relevados, el 58,5% fueron cometidos por personas privadas y el 36,7% fueron llevados a cabo por el Estado, como funcionarios de fuerzas de seguridad. El porcentaje más alto de los casos registrados ocurrió en la vía pública (41%).

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