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La persecución penal y la inteligencia ilegal

La Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) propone refundar el sistema de inteligencia argentino.

A través del documento ¿Hay salida para la crisis del sistema de inteligencia?, el conjunto de organizaciones de la sociedad civil que conforma la Iniciativa impulsa la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la creación de “un organismo de producción de inteligencia nacional estratégica en la órbita de la Presidencia que esté integrado por personal abocado de manera exclusiva al análisis de las problemáticas relevantes en materia de defensa nacional y seguridad interior de la Nación”. La propuesta específicamente contempla la prohibición de que los integrantes de este nuevo órgano se inmiscuyan en tareas policiales, de asistencia judicial y de investigación criminal.  

La proliferación de la inteligencia ilegal en Argentina ha degenerado en espionaje político y social, tráfico de escuchas, operaciones mediáticas y judiciales, y en una variada gama de negocios basados en la extorsión. Este mismo fenómeno, a su vez, ha descompuesto definitivamente la investigación criminal. Los dispositivos de inteligencia pujan con éxito por desplazar a las fuerzas de seguridad en la función de auxiliares de la administración de justicia. La penetración de agentes de inteligencia en la investigación criminal –ámbito cuya intervención está, salvo escasas excepciones, prohibida por la ley—, constituye una fuente de promiscuidad institucional de la que deriva el funcionamiento ilegal de los servicios de inteligencia argentinos. Además, la indebida intervención de la AFI como policía de investigación explica buena parte de la ineficacia del sistema judicial en el abordaje de manifestaciones de criminalidad organizada.

Las organizaciones también llaman la atención sobre algunas debilidades de la norma, entre las que mencionan algunas vinculadas con la fuerte participación del Poder Ejecutivo en la designación y remoción del Fiscal General.